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Primer acto: un Senador acude a la Auditoría Superior de la Federación para preguntar cómo andan las investigaciones sobre las finanzas públicas en su estado natal: Veracruz.

Segundo acto: Un alcalde acude a la Fiscalía Estatal para preguntar ¿quién, por qué y para qué lo anda buscando?

Tercer acto: Un diputado local que decidió promoverse como candidato independiente a gobernador se entera que pronto podría ser ex diputado porque el Fiscal de la entidad a la que aspira gobernar desempolvó un añejo caso de asesinato donde se le involucra.

-          ¿Cómo se llama la obra?

-          Veracruz: la caña de los cuchillos largos…

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Aunque teatral –hasta hoy- la lucha por el poder estatal en Veracruz no es un tema menor, de mera retórica, juego de pulsos o fintas propias de grupos aldeanos que terminarán arreglando sus diferencias a sombrerazos.

Si en el altiplano ven las cosas así están completamente equivocados.

Y si en las oficinas de Miguel Angel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto tienen una perspectiva más profunda y amplia sobre lo que se está viviendo en el ámbito político de Veracruz, surge la pregunta obligada: ¿cuándo piensan actuar?

Más aún: ¿Piensan actuar?

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Muchos meses atrás, columnas y columnistas –incluyendo Claroscuros- análisis y analistas dieron a conocer que por primera vez en la historia reciente de la entidad los tiempos electorales se habían desfasado.

Javier Duarte de Ochoa no es el gobernador que llega fuerte a su quinto año de gobierno y cuenta con el sexto para manejar en calma la sucesión.

Javier llegó -por múltiples variables que merecen análisis aparte- politicamente debilitado a su quinto año y el sexto se prevé sumamente difícil por la elección misma y por las consecuencias que sus resultados pueden acarrear, gane quien gane.

En circunstancias normales el gobernante  –el Príncipe, diría Nicolás Maquiavelo- cuenta con el derecho de voto o, por lo menos, con el derecho de veto.

No es el caso.

El PRI como partido político y el priismo como práctica de cultura política enraizada en México, sin excepción de Veracruz, suele arreglar los relevos antes de llegar a las urnas y la regla no escrita es que la negociación permitirá a todos los grupos de interés quedar conformes con la parte del “pastel” que se les asigna; si hay inconformes éstos saben a lo que se atienen si optan por "patear el pesebre".

Patricio Chirinos intentó dejar como sustituto a Miguel Angel Yunes, no pudo y se hizo a un lado…

Miguel Alemán quiso entregar el poder a Alejandro Montano, no pudo y respetó la decisión…

Fidel Herrera quiso dejar en el poder a Javier Duarte y lo logró, pero ahora el mismo Fidel Herrera quiere que Javier le entregue al poder a un tercer integrante de su grupo –ya sea Alberto Silva o Erick Lagos- y luchan por tal objetivo…

Ya de suyo, pensar un tercer periodo gubernamental en manos de un mismo grupo de poder resulta fuera de toda regla, de todo antecedente y de toda proporción.

Pero además, luchar, pugnar, dar la pelea como está ocurriendo ahora mismo en Veracruz, con el empleo de las herramientas del Estado, es, por decirlo con palabras suaves: sumamente riesgoso, no sólo para los fidelistas –muy su asunto, eso de arriesgarse o de defenderse como lo hacen porque se ven obligados a ello- sino a la sociedad en general.

La fidelidad y su extensión, el llamado duartismo, están estirando demasiado la liga de la institucionalidad y su ruptura podría tener consecuencias lamentables y graves.

El riesgo para toda la sociedad resulta un tema no sólo de suma preocupación, sino que rebasa claramente la posibilidad de un arreglo político con árbitros locales.

Es decir, ante el quiebre de la regla no escrita de estirar la liga de poder siempre en el marco de respeto a la instituciones, los árbitros locales –en este caso el gobernador en turno- pierden credibilidad que no es lo mismo a perder el derecho de voto y el derecho de veto: es peor porque genera pérdida de control.

Ante un panorama semejante el poder federal le entra o le entra porque en Veracruz el vaso de la lucha por el poder luce lleno y amenaza con derramarse.

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No me refiero a temas estrictamente legales, que están implícitos pero que se están utilizando más allá de lo legal, al convertirse en herramientas de la política y violentar, por tanto, la naturaleza misma de organismos como la Fiscalía General, cuyo propósito es procurar justicia para todos no sólo para unos cuantos, así sean esos cuantos los jefes en turno.

Me explico:

Si Renato Tronco Gómez violó la Ley y se demuestra su responsabilidad, debe enfrentar a la Ley, porque para eso existen las instituciones de procuración y de aplicación de Justicia…

Si Miguel Angel Yunes Márquez violó la Ley y se demuestra su responsabilidad, debe enfrentar a la Ley, porque para eso existen las instituciones de procuración y de aplicación de Justicia…

En la misma lógica, si el gobierno de Veracruz –es decir, algunos de sus integrantes o ex integrantes- violó la Ley y se demuestra su responsabilidad, debe enfrentar a la Ley, porque para eso existen las instituciones de procuración y de aplicación de Justicia…

Empero, queda claro que los tiempos electorales en Veracruz -desatados antes de tiempo y sin freno- están colocándose por encima de los tiempos de la Ley y de la Justicia.

Estamos, pues, ante un abuso de la norma jurídica y sus métodos y sus fines y ante una agresión al espíritu de la Justicia para la obtención de afanes electorales.

Es decir, somos testigos de una lucha encarnizada por el poder, bajo la lógica del “cueste lo que cueste” y esto nos remite al México del Siglo XVIII, antes de la guerra de Independencia, a todo el siglo XIX con sus múltiples batallas ideológicas y de poder, a la pre, a la Revolución y a la postrevolución en la etapa de las luchas caciquiles regionales.

No estamos ante nada nuevo. Tampoco es para espantarse. México es un país bronco, Veracruz lo es también.

La pregunta es: ¿Se trata de eso? ¿De demostrar lo bronco que somos? ¿De alejarnos de los avances históricos que hemos obtenido frente a nuestro carácter bronco, sustituido a lo largo de los siglos por una condición de racionalidad, civilización y Estado de Derecho?

La construcción de instituciones, la búsqueda de la democracia, los avances en la construcción de un marco legal siempre perfectible y de un contexto de solidez política que obliga y promueve su respeto, no son conquistas menores.

De modo tal que no se trata de conducir a Veracruz a un escenario donde se vaya a imponer el más fuerte o el que porte el sombrero más grandote…

Se trata de actuar como la sociedad civilizada que somos, como el Estado que decidimos edificar y con la madurez histórica a que aspiramos.

Lamentablemente, nuestra clase política actual luce empeñada en caminar en otro sentido y eso es –por lo menos- motivo de llamar al orden, al respeto, a la responsabilidad política...