La entrega de útiles escolares se hace bajo un calendario establecido por las autoridades educativas. Son las mismas autoridades las que solicitan apoyo de alcaldes, diputados o personajes reconocidos para hacerlos llegar a los niños y jóvenes.
Son paquetes modestos que en muchas ocasiones solicitan los directivos escolares desde el fin de ciclo escolar a las autoridades educativas, a sus alcaldes o a sus representantes populares. Tanto los alcaldes como los legisladores que reciben la petición, la turnan al gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Educación de Veracruz con la finalidad de que esta dependencia tome en cuenta la petición para el siguiente ciclo escolar.
El reparto, que se hace también con la ayuda de alcaldes, legisladores o personajes públicos reconocidos, muchos de los cuales recibieron la petición de directivos escolares, es lo que ha dado pie a que el reparto se vea mal a los ojos de muchos.
Si se entregan en manos de los niños y jóvenes es porque hubo ocasiones en que los directivos recibieron esos paquetes y no los repartieron a los alumnos quedándose con ellos para desaparecerlos después. Por ello, desde hace tiempo se eligió la mecánica de entregarlos en propia mano a quienes van destinados.
Pero con esa práctica, hay que decirlo también, hay quienes no resistieron la tentación de colocar una tarjeta con su nombre y saludo al lado de la etiqueta de los gobiernos del estado o federal. Desde hace unos años hay constancia de ello, como el de una exregidora del ayuntamiento de Xalapa, quien por gestiones realizadas por ella (eso se reconoce) recibió paquetes de útiles escolares y los entregó con una etiqueta con su nombre. El hecho está documentado.
Pero cuando los paquetes de útiles escolares no llevan más que el sello del gobierno del estado no se puede acusar proselitismo y tampoco impedir su entrega como lo ha hecho Marco Antonio Martínez Amador, alcalde de Acayucan por el Partido Alternativa Veracruzana.
El diputado Jesús Vázquez González tiene razón cuando segura que el alcalde de Acayucan miente cuando dice que hay duplicidad en la entrega de paquetes de útiles escolares provenientes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en ese municipio. El mismo legislador aclara que autoridades de la SEV le propusieron hacer llegar dichos paquetes a niños y niñas de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, de la comunidad Ixtagapa para apoyar la economía de los padres de familia.
El congresista afirma un hecho que nadie podrá desmentir: los paquetes de útiles escolares que se reparten en escuelas de la entidad “no son un regalo ni de Vázquez González ni del gobierno estatal; se trata de apoyos derivados de los impuestos de los veracruzanos, por lo que los padres de familia tienen derecho de recibirlos”.
Con su acción, el edil no colabora para no lesionar la economía familiar de los padres de familia. Si el alcalde de Acayucan se empecina en no dejar que se entreguen los mencionados paquetes deberá fundamentar muy bien su postura, que aún así quién sabe si sea válida. Bien harán los diputados al Congreso del Estado en llamarlo para que modifique su postura, para que comprenda que debe respetar la separación de poderes, que no debe entorpecer gestiones o peticiones dichas a los diputados y que sobre todo deje de perjudicar a los padres de familia y a los niños y jóvenes de su municipio.
Buscan la perpetuidad
El 4 de septiembre los trabajadores del Poder Legislativo elegirán a un nuevo comité ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Legislativo. Hay trabajadores que se muestran inconformes con los actuales dirigentes que por medio de la Planilla Oro buscan dirigir al sindicato otro periodo más. Solamente los trabajadores lograrán cambiar esa inconformidad si el 4 de septiembre deciden votar por una opción que es representada por los integrantes de la Planilla Blanca y que surge después de siete años de control total del actual dirigente, José de Jesús Rodríguez Hernández.
Del secretario general del sindicato y del resto de los integrantes del sindicato se han dado a conocer muchas cosas que antes no se sabían y que se tenían en secreto porque así convenía a los actuales dirigentes. Se sabe, por ejemplo, que muchos de ellos reciben entre salario y compensaciones hasta 15 o 20 veces más que otros trabajadores. Argumentan que se han preparado para poder gozar de esos salarios. ¿Qué beneficio obtiene el Poder Legislativo o los propios veracruzanos de los superiores conocimientos y preparación que dicen tener? Ojalá lo explicaran.
Para rápido, los excelsos conocimientos del secretario general no se advierten cuando acepta que 71 trabajadores meritorios sean inscritos como nuevos integrantes del sindicato y perciban con ello salarios con cantidades 75 por ciento menos que como trabajadores no sindicalizados; el superior conocimiento de José de Jesús Rodríguez Hernández le dicta que los trabajadores meritorios reciban solamente un salario brutos que es de aproximadamente unos 4 mil pesos sin derecho a compensación. Los trabajadores deben estar muy contentos con su líder, pues dejan de percibir aproximadamente 15 mil pesos entre salario y compensaciones a cambio de una plaza en el sindicato. Acciones como esa son las que despiertan el descontento de los trabajadores.
Hay quienes aseguran que en legislaturas anteriores los trabajadores no recibieron lo que por derecho les correspondía cada fin de año y que incluso el predio y una parte del edificio donde se encuentra la sede sindical fueron adquiridos con recursos del Congreso del Estado. La versión asegura que en esas legislaturas fue cuando el dirigente sindical pudo negociar para él y los integrantes de su comité altas compensaciones, dejando de lado las exigencias de sus representados.
De la actual legislatura, Rodríguez Hernández no ha obtenido más de lo que ya tiene y ello porque ya son derechos adquiridos desde legislaturas anteriores. Como no se han hecho válidas sus exigencias, que beneficiarían solamente a él y a los integrantes de su comité y no a los trabajadores, el año pasado, por ejemplo, amenazó con estallar la huelga. Si los trabajadores del Poder Legislativo desean cambiar el estado de cosas que impera en su fuente de ingresos deben analizar bien por quién votar. No siempre es mejor el malo por conocido que el bueno por conocer.
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