Mientras el presidente Enrique Peña Nieto se regodea en su portada de la revista estadounidense Time, donde es mostrado como el “salvador” de México, otra publicación dada a conocer la semana pasada también en el vecino país del norte no deja nada bien parada a su administración.

En el Reporte de Prácticas de Derechos Humanos 2013, elaborado por el Departamento de Estado del gobierno de Barack Obama, se da cuenta de una gran cantidad de violaciones a las garantías individuales en México el año pasado, ya todas dentro del sexenio de Peña Nieto, por lo que la responsabilidad recae completamente en su administración.

De acuerdo con este documento –sobre el que el Gobierno de México no ha emitido opinión alguna–, durante 2013 hubo “importantes problemas relacionados con los derechos humanos (que) incluyen la participación de policías y militares en abusos graves, como homicidios ilegítimos, malos tratos, torturas y desaparición”.

También establece que en México “persisten la violencia atribuida a las organizaciones criminales locales y transnacionales, la violencia contra la mujer y la violencia contra los periodistas que limita la libertad de expresión”.

El reporte detalla toda una galería de violaciones a los derechos humanos en territorio nacional, tales como arrestos arbitrarios y confesiones obtenidas a través torturas, violencia contra defensores de la comunidad gay, hacinamiento en prisiones, explotación infantil, abusos a migrantes, tráfico de personas, discriminación social y económica contra los indígenas y abusos a personas con alguna discapacidad, entre otras.

Asimismo, se menciona que las fuerzas armadas cometieron violaciones a los derechos humanos sin que hasta la fecha se les haya impuesto castigo a quienes las perpetraron.

En su apartado de libertad de expresión y de prensa, el Departamento de Estado de los EEUU sentencia que “a pesar de las leyes federales que apoyan la libertad de prensa, muchos periodistas fueron víctimas de amenazas, hostigamiento y violencia que emanan, en gran parte, de la delincuencia organizada. Los periodistas que cubren el crimen organizado, incluyendo sus vínculos para corromper a funcionarios públicos, admitieron practicar la autocensura, reconociendo el peligro que el periodismo de investigación representa para ellos y sus familias”.

“El Reporte sobre Libertad de Prensa 2013 de Freedom House llamó al país un lugar peligroso para los periodistas y lo clasifica como ‹no libre› para la prensa debido a las amenazas y la violencia que enfrentan los periodistas, y la impunidad para los perpetradores de los crímenes cometidos contra la prensa”, se enfatiza en el informe.

Veracruz tiene una nada honrosa mención en este reporte, que señala que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la entidad ocupa el primer lugar nacional en homicidios y desaparición de periodistas, y el segundo en casos de violencia y ataques contra los mismos, cometidos entre 2010 y julio de 2013.

Y hace referencia al desaseo con el que se ha llevado uno de los casos de asesinatos de periodistas en México, acaso el más emblemático: el de la comunicadora veracruzana, corresponsal de Proceso, Regina Martínez.

“El 7 de agosto, citando errores en el debido proceso, la corte suprema de justicia de Veracruz anuló la condena de José Antonio Hernández, que en abril recibió una pena de 38 años y dos meses por el asesinato de la prominente periodista Regina Martínez. Específicamente, la corte señaló que la evidencia concreta implicando a Hernández en el delito sólo era la confesión bajo coacción que dio después de que funcionarios policiales presuntamente lo torturaron. Pruebas forenses de la escena del crimen, incluyendo huellas dactilares y muestras de ADN, también al parecer no concordaban con los de Hernández.

“Regina Martínez trabajó para la revista Proceso durante 10 años y había publicado informes antes de su asesinato que incluían acusaciones de corrupción de los gobiernos locales. En octubre de 2012 la Fiscalía del estado de Veracruz anunció que había detenido a José Antonio Hernández, quien supuestamente había confesado que golpeó a Martínez a muerte en un intento de robo, y que un segundo sospechoso permanecía prófugo. Al finalizar el año la policía continuaba con la investigación”, detalla el informe.

El Departamento de Estado norteamericano elaboró el Reporte de Prácticas de Derechos Humanos 2013 con base en la información proporcionada por sus embajadas y representaciones diplomáticas, y abarca a cerca de 200 países. Su objetivo es que los legisladores estadounidenses usen esta información para determinar la ayuda de su gobierno a otros, según su situación y disposición para proteger los derechos humanos.

Como era de esperarse, esta publicación no recibió la misma cobertura y difusión que la de Time. De hecho, pasó casi desapercibida en la agenda mediática. Pero es de estas prácticas de las que el presidente Enrique Peña Nieto debería proponerse, de verdad, “salvar” a México. Lo demás, es mera frivolidad.

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