Los presidentes municipales no son los únicos responsables del saqueo a los ayuntamientos que tienen problemas. El pillaje no empezó en diciembre, comenzó muchos meses atrás o en los años anteriores, y son cómplices del latrocinio los demás ediles, los funcionarios municipales, los encargados de la fiscalización superior y los diputados, especialmente los de la Comisión de Vigilancia.
Hay una cadena de responsabilidades o quizá de complicidades compartidas. Las leyes son muy claras. La fiscalización empieza en el nivel interno, según lo dispone la Ley Orgánica del Municipio Libre, y debe ser realizada por el presidente municipal, el síndico, el regidor integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y el contralor interno.
Excepcionalmente, la Secretaría de Fiscalización del Congreso puede realizar revisiones a los recursos del ejercicio que esté corriendo, según el artículo 73. Por su parte, el artículo 117 señala con precisión con qué motivo pudiera darse una de esas revisiones:
“Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, el Congreso o la Diputación Permanente podrán ordenar, fundando y motivando su resolución, la práctica de visitas de inspección y auditorías a la dependencia, órgano o entidad bajo su cargo…”
Pero además, el propio Congreso recibe CADA MES estados financieros que le deben ser remitidos por cada ayuntamiento. Así lo indica el artículo 35 en su fracción VII: Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: VII. Presentar al Congreso del Estado, para su revisión, sus estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual, de conformidad con las disposiciones legales aplicables”.
¿Entonces…? Si cada mes los municipios hacen llegar sus estados financieros a la Legislatura, ¿no es de elemental lógica que esa instancia debió percatarse de los malos manejos realizados por el presidente municipal y su tesorero, con la complacencia de los ediles y la abstención del contralor interno, durante todo el ciclo anual?
El escándalo ha venido a estallar a fin de año porque los que ponen el grito en el cielo son los empleados municipales, cuando no les pagan sus aguinaldos, y también los ciudadanos, o las autoridades electas, que divulgan que en algunos palacios los ediles salientes no han dejado ni los muebles para quienes tomarán posesión.
En los diarios y agencias noticiosas del Estado se ven los problemas que enfrentan numerosos municipios, vilmente robados por las autoridades que fueron electas hace 3 años. Tales son los casos de Alvarado, Coscomatepec, Úrsulo Galván, Cosautlán, Lerdo, Moloacán, Soteapan, Lerdo de Tejada, Coscomatepec, San Andrés Tlalnelhuayocan, Hueyapan, Medellín, Poza Rica, Banderilla, Jalcomulco, Tamalín, Acultzingo, Las Choapas, Coxquihui, La Antigua, Agua Dulce, Soledad de Doblado, Ixhuatlancillo, y un largo etcétera, etcétera.
Caso emblemático es el de Pánuco, donde el propio alcalde Fortino Vázquez Elorza encabezó las protestas junto con los empleados sindicalizados. Es decir, claramente no es un problema generado en ese municipio, sino que los recursos no le han sido depositados por la Secretaría de Finanzas y Planeación, como no les habían sido entregados a los pobres pensionados y jubilados del IPE. E igual que Pánuco se encuentran San Rafael, José Azueta, Chinameca, Chalma y otros.
Pero la que no tiene parangón (aunque quedaría mejor la palabra abuela) es la alcaldesa de Tlapacoyan, Nayeli Jarillo Núñez, que junto con su tesorero Siddharta Aquino, salieron por pies del municipio luego de dejarlo arruinado, y la despilfarradora presidenta ni siquiera rindió su último informe de labores. Varios millones de pesos están desaparecidos, dicen que 8, además de los recursos destinados al mercado municipal, que sería reconstruido luego de haberse quemado.
Los saqueos fueron a mansalva, descarados e insaciables. Hace 3 años no tomaron posesión ciudadanos con espíritu de servicio, sino viles delincuentes que vinieron a ensañarse con sus gobernados.
Pero no es sólo cosa de munícipes. Cómo estará la situación que hasta la subyugada Legislatura del Estado se atrevió a emitir un extrañamiento a la Sefiplan para que en lo que a ella le toca, pague ya los adeudos que tiene. Y eso sí va a estar en chino.
