Xalapa, Ver. - La defensa del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, aseguró que la investigación de la Fiscalía General del Estado contiene “señalamientos falsos” y sostuvo que existen elementos que acreditan que el empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta abandonaron por sus propios medios el domicilio del edil antes de desaparecer.

Al concluir la comparecencia ante la Comisión Instructora del Congreso de Veracruz, el abogado Rodolfo Martínez Valdez afirmó que la versión de la Fiscalía contradice los propios dictámenes de la Policía Ministerial incluidos en la carpeta de investigación.

“Existe mucho señalamiento falso; en este caso también pasa lo mismo. El señor desaparecido salió de la casa y viajó. Hay datos que ustedes tendrán, y yo se los voy a proporcionar, de que salió de la casa, se retiró y se fue lejos”, declaró.

El litigante también rechazó la autenticidad de un mensaje que forma parte de la investigación y que, según dijo, ha sido utilizado para sustentar la acusación contra el presidente municipal.

“Ese mensaje fue emitido cuando él ya estaba lejos. Es falso. Lo dicen los propios dictámenes de la Fiscalía. Siempre se ha aceptado como verdad que el señor fue a negociar la venta de adoquín y de ahí salió y se retiró. No reconocemos que la persona haya dicho semejante cosa; ese mensaje es falso y fue emitido cuando salió de la casa. Eso que estoy diciendo lo dicen los propios dictámenes de la Policía Ministerial”, afirmó.

NO DEBERÍA PASAR EL DESAFUERO

Martínez Valdez señaló que esos elementos fueron presentados ante la Comisión Instructora, encargada de analizar la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía. Afirmó que, con base en las pruebas aportadas, no existen razones para retirar la inmunidad constitucional al alcalde.

La Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso de Veracruz el desafuero de Bertín Bravo Montero al relacionarlo con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo de 2026, después de acudir a un domicilio del alcalde en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.

Concluida la etapa de comparecencias, la Comisión Instructora elaborará un dictamen para determinar si existen elementos para declarar procedente el retiro de la inmunidad procesal del edil.

La decisión final corresponderá al Pleno del Congreso, donde se requerirá el voto de las dos terceras partes de los diputados para autorizar que la Fiscalía pueda ejercer acción penal en su contra mientras permanece en el cargo.

JRG