Xalapa, Ver. - La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz citó para este jueves a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, como parte de los procedimientos de declaración de procedencia promovidos por la Fiscalía General del Estado para retirarles el fuero constitucional.

La comparecencia forma parte de la etapa de pruebas y alegatos, en la que ambos ediles, de manera personal o a través de sus representantes legales, podrán ampliar los argumentos con los que buscan desvirtuar los señalamientos contenidos en las solicitudes de desafuero.

Raúl González Martínez confirmó su asistencia luego de haber acudido personalmente el martes al Palacio Legislativo para entregar la documentación de su defensa. En contraste, Bertín Bravo Montero ha llevado el procedimiento mediante sus abogados, quienes presentaron en tiempo y forma los escritos y las pruebas correspondientes.

La Fiscalía General del Estado busca retirar la inmunidad procesal de González Martínez al relacionarlo con la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. En el caso de Bravo Montero, la solicitud está vinculada con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su escolta, Ignacio López.

PLENO DECIDIRÁ

Tras concluir las comparecencias, la Comisión Instructora continuará con el análisis de los expedientes para elaborar un dictamen en cada caso, en el que determinará si existen elementos para declarar procedente o improcedente el retiro del fuero.

Los dictámenes no definirán la responsabilidad penal de los alcaldes, sino únicamente si la Fiscalía puede proceder judicialmente en su contra mientras permanecen en el cargo.

De aprobarse que ha lugar a proceder, los expedientes serán enviados al Pleno del Congreso, donde los 50 diputados deberán votar por separado cada caso. Para retirar el fuero se requiere el respaldo de las dos terceras partes de la Legislatura.

Se prevé que los dictámenes sean presentados la próxima semana ante la Diputación Permanente, que tendría que convocar a un periodo extraordinario para que el Pleno resuelva las solicitudes de desafuero.

JRG