Xalapa, Ver.- Integrantes de la Asociación Civil "Unidad Habitacional Teocalli" aseguraron que fueron despojados de un terreno adquirido legalmente en 1997 en la colonia Badillo, en el municipio de Xalapa, Veracruz, y señalaron la existencia de una presunta red de invasores respaldada por omisiones judiciales.

En conferencia de prensa, representantes de la asociación, integrada en su mayoría por docentes jubilados, expusieron que siguen sin recuperar la posesión del predio, actualmente ocupado y explotado con fines comerciales, pese a que cuentan con escrituras inscritas en el Registro Público de la Propiedad.

Carlos Alejandro Arias de León, acompañado por la representante de Teocalli, Celia Cecilia Acosta Hernández, así como Luis Zamora Cortina y Carlota de León Aguirre, dieron a conocer esta situación y pidieron la intervención del Gobierno del Estado. 

La compra del terreno

De acuerdo con los documentos exhibidos, la asociación adquirió en marzo de 1997 un terreno de 13 mil 580 metros cuadrado. El predio está ubicado en la que entonces era la calle Agustín Lara número 10, en la colonia Badillo.  La compraventa se formalizó ante notario y quedó debidamente registrada.

Sin embargo, ese mismo año el predio fue ocupado por terceros, presuntamente enviados por Humberto Frutis Montes de Oca, lo que derivó en una denuncia por despojo presentada en enero de 1998.

Desde entonces, afirmaron, el caso quedó atrapado en procedimientos legales sin una resolución que restituya la posesión.
Los integrantes de Teocalli relataron que, tras la invasión, Frutis Montes de Oca e Irma Carreto Caraza promovieron la rescisión del contrato de compraventa. 

Posteriormente, el mismo Frutis habría vendido el terreno a un tercero, Emiliano Valencia Ruiz, mediante un contrato celebrado fuera del estado de Veracruz y sin que quedara debidamente protocolizado.

Años más tarde, en 2006, la asociación promovió una demanda civil que derivó en una sentencia favorable en 2009, en la que se declaró nulo un contrato privado celebrado por los demandados. 

El fallo no ordenó la entrega del terreno, bajo el argumento de que no se acreditó quién ejercía la posesión material.

“Cada resolución fue seguida por apelaciones, amparos y recursos que solo sirvieron para alargar el conflicto”, señalaron.

Promover una demanda

Uno de los puntos más delicados del caso, denunciaron, ocurrió en 2022, cuando María del Rosario Sánchez Ortega promovió una demanda de prescripción positiva del predio.

Según la asociación, el procedimiento avanzó sin que fueran notificados, pese a que su domicilio legal está plenamente identificado.

“Nos dimos cuenta cuando ya existía una sentencia. Eso es una violación directa a nuestro derecho de audiencia”, sostuvo Arias de León.

Actualmente, el asunto se encuentra en un amparo en revisión ante un tribunal colegiado, luego de que les fuera negada una primera protección judicial.

Terreno en disputa

Teocalli A.C. denunció que el terreno está completamente ocupado, con accesos cerrados mediante rejas y con construcciones que operan como locales comerciales.  Afirmaron que esta ocupación impide cualquier intento de recuperación física del predio.

Además, acusaron la existencia de un grupo organizado que intervino de manera sistemática en los distintos juicios, incluyendo la participación constante de un abogado que, dijeron, aparece en todos los procesos relacionados con el terreno.

Hicieron un llamado directo a la gobernadora Rocío Nahle García y al Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) para frenar lo que calificaron como un despojo sostenido en el tiempo por vacíos legales y omisiones institucionales.