Xalapa, Ver.- En un acto de reconocimiento a la responsabilidad internacional del Estado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a cumplir "tal cual" la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto al caso de Ernestina Ascencio Rosario. Este fallo responsabiliza formalmente a México por la violación sexual, tortura y muerte de la mujer nahua de 73 años, ocurrida en 2007 en la Sierra de Zongolica.  

La mandataria federal subrayó que la resolución no admite modificaciones y que su administración asumirá el compromiso de reparar el daño y garantizar el acceso a la justicia que le fue negado a la familia durante casi dos décadas.

El caso, recordado por la polémica intervención del entonces presidente Felipe Calderón —quien atribuyó la muerte a causas naturales antes de concluir las investigaciones—, representa hoy un compromiso ineludible para el actual Gobierno Federal.

Medidas de peparación e inclusión

Sheinbaum confirmó que la sentencia establece acciones concretas de carácter estructural. Entre ellas destaca el fortalecimiento del Centro de Atención Especializada en Soledad Atzompa y, de manera crucial, la creación de un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.

Esta medida busca eliminar las barreras idiomáticas que impiden a las comunidades indígenas acceder a servicios dignos de salud y a un sistema de justicia equitativo.  

“Las acciones son muy claras y se van a cumplir tal como están planteadas”, afirmó la presidenta. Para asegurar la transparencia en este proceso, anunció que la secretaria Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Arturo Medina comparecerán para detallar los plazos de ejecución de cada una de las medidas de reparación integral.

Investigación penal y no repetición

Un punto medular del fallo internacional es la orden de reabrir y conducir una investigación penal seria, exhaustiva y con perspectiva de género para sancionar a los responsables materiales de la agresión, atribuida originalmente a elementos del Ejército Mexicano.

La Corte IDH concluyó que el Estado incumplió con su obligación de proteger a las mujeres y personas indígenas, permitiendo que la impunidad prevaleciera mediante una investigación deficiente.  

El gobierno busca no solo reparar el agravio a la familia de Ernestina Ascencio, sino también transformar las prácticas institucionales que históricamente han excluido a los pueblos originarios de Veracruz y del resto del país, sentando un precedente de no repetición frente a violaciones graves de derechos humanos.

AC