Veracruz, Ver.— En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de México declaró que ningún elemento del Ejército Mexicano participó en la tortura sexual y asesinato de Ernestina Ascencio en 2008. También negaron otras violaciones a los Derechos Humanos de la mujer indígena en la Sierra de Zongolica.

El Estado Mexicano solo admitió su responsabilidad en no darle acceso a servicios de salud, pues la falta de estos provocaron su muerte. Tampoco garantizaron el acceso a la justicia.

“No existe evidencia directa en el expediente penal que permita vincular a agentes estatales en los hechos legados por la representación”, detalló Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

Ernestina había declarado que fue víctima de una violación tumultuaria por parte de los elementos del Ejército Mexicano. Después de su muerte, el entonces presidente, Felipe Calderón, aseguró que su muerte había sido provocada por una gastritis. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos generará una sentencia sobre México por las violaciones ocurridas en este caso, y el país está obligado a cumplirlas.

Los jueces de la Corte cuestionaron a México por no aceptar la participación de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el caso de Ernestina, pese a que toda la evidencia apunta a que sí estuvieron involucrados.

“Lo que está argumentando el Estado es que a pesar de que contamos con el testimonio de la víctima antes de fallecer y que hay una serie de elementos contextuales también que además se levantaron pruebas en la autopsia que además incluían material genético”.

“Y que al mismo tiempo el Estado está reconociendo que violó el derecho de acceso a la justicia y derechos judiciales. Y a pesar de todo eso que hay bastante más pruebas de las que a veces hay en casos de este tipo, el Estado considera que no hay elementos para considerar que hay una responsabilidad”, aseguró la jueza Verónica Gómez. 

El representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que existen múltiples elementos probatorios e indiciarios para determinar que Ernestina fue víctima de violencia sexual por parte de agentes del estado por lo que el Estado Mexicano debería aceptar la participación de soldados. 

Además, el Estado Mexicano buscó la forma de retener a la familia en un viaje que les ofrecieron a la Basílica de Guadalupe para que no se presentaran en las fechas indicadas y continuaran el proceso judicial, por lo que este se cerró.

Angelita Valles, representante jurídica de la familia, indicó que el Estado Mexicano no se pronunció respecto a este viaje a pesar de que está dentro de las investigaciones.

A la familia tampoco se les respetó el derecho de acceso a la información, pues primero no les dieron el expediente y cuando se los dieron estaba censurado.

México reconoció que se violó el derecho a la vida e integridad debido a que Ernestina pasó más de 10 horas con fracturas en varios huesos sin tener una atención médica adecuada. Tuvo que ir a cinco centros hospitalarios distintos para ser atendida.

“Reconoce de la manera más respetuosa que no se cumplieron las obligaciones estatales de los derechos a la vida y la salud de la señora Ernestina”, señaló Jennifer Feller, directora general de derechos humanos y democracia de la SRE. 

A 17 años de lo ocurrido todavía no se ha resuelto el caso, por lo que la funcionaria también admitió la responsabilidad de México al no garantizar el acceso a la justicia para Ernestina y su familia.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz todavía es la que está a cargo de la investigación, en donde las víctimas no han participado. Además de que en múltiples ocasiones les han pedido desistir el caso.

Tras la audiencia, todas las partes deberán brindar información adicional por escrito y el caso será juzgado por la Corte, quien emitirá una sentencia contra el Estado Mexicano, misma que deberá cumplirse.

¿QUÉ DICE LA FAMILIA?

Los representantes de la familia de Ernestina Ascencio, después de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperan que haya una sentencia a su favor. Los resultados de esta audiencia tardarán tres meses en darse a conocer mientras la Corte los analiza.

“Fue favorable en el caso de la Comisión Interamericana, fue enfática realmente en nuestras peticiones y de la familia”, señaló una de las representantes legales de la familia.

De acuerdo con los representantes de la familia, el Estado Mexicano pidió que se le juzgue por no entregar el expediente y que disminuyan el monto económico de compensación del daño. 

“En la audiencia se logra visibilizar que los jueces requieren que al parecer de la jueza hay suficiente material para continuar con la investigación”, aseguró Carmen Herrera, integrante del equipo legal.