Córdoba, Ver.— A cuatro años del asesinato del regidor morenista José Escamilla Aguilera, un juez emitió una sentencia de 45 años de prisión contra Eduardo “N”, identificado como autor material del ataque armado ocurrido en agosto de 2021. 

El caso permanece incompleto, pues el ahora sentenciado se negó a revelar quién habría ordenado el crimen, limitándose a afirmar que recibió “mucho dinero” por cometerlo.

El 28 de agosto de 2021, José Escamilla Aguilera esperaba dentro de su vehículo en el Fraccionamiento Nuevo Elizabeth cuando Eduardo “N” se aproximó y abrió fuego de manera directa. 

En el ataque, ejecutado en menos de un minuto -según el expediente-, dejó al regidor electo sin vida y desató una movilización policial que no logró detenciones inmediatas. La investigación técnica comenzó con el levantamiento de casquillos, análisis balísticos y revisión de cámaras privadas en el perímetro. 

Con estos elementos, sumados a declaraciones posteriores, agentes ministeriales lograron trazar los movimientos previos y posteriores al ataque, lo que permitió identificar a Eduardo “N” como uno de los participantes logísticos del grupo ejecutor.

Durante el juicio, el acusado aceptó haber intervenido pero restringió sus declaraciones a señalar que recibió un pago considerable, sin aportar datos sobre la estructura detrás del ataque ni sobre los autores intelectuales. Ninguna de sus afirmaciones permitió avanzar en la cadena de mando que ordenó el homicidio.

El juez consideró sólidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz —incluyendo análisis técnico, dictámenes periciales y testimonios conciliados— y dictó la pena máxima disponible para este tipo penal, además de ordenar la reparación del daño.

El asesinato de Escamilla Aguilera ocurrió en un periodo marcado por agresiones a actores políticos en la región.

La sentencia contra Eduardo “N” representa el cierre parcial del expediente, pero las líneas de investigación sobre quién ordenó y financió el ataque permanecen abiertas.

Políticos asesinados en la región de Córdoba

En la zona centro del estado de Veracruz suman 15 políticos asesinados en los últimos cuatro años; seis de ellos fueron este 2025.

El caso más reciente es el del líder indígena y exalcalde perredista Juan Carlos Mezhua, asesinado el 23 de noviembre con al menos 25 disparos; no hay detenidos.

El 8 de enero de 2025, Manuel Andrade Gamboa, director de Gobernación de Ciudad Mendoza, fue abatido cuando hombres armados atacaron la camioneta en la que viajaba en Ixtaczoquitlán.

El 7 de febrero, Carlos Neri, virtual candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Paso del Macho, fue asesinado junto a su hermano.

En Córdoba, Bladimir García Soriano, director de Obras Públicas de Ixtaczoquitlán, fue ejecutado el 6 de mayo en la colonia Antorchista, catalogada por corporaciones federales como zona de interés criminal.

También en Córdoba, René Vergara, director del penal de La Toma, fue atacado a balazos el 14 de agosto de 2025 al salir de su domicilio en la colonia Villa Verde.

El 6 de octubre, en Potrero Nuevo, fue asesinada Jessica Luna Aguilera, excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Yanga, cuando acudía a recoger a su hija a la escuela.

El 10 de diciembre de 2024 murió acribillado Benito Aguas, diputado federal del distrito de Zongolica. Dos personas fueron detenidas, pero el móvil no ha sido esclarecido.

El 2022 se configuró como uno de los periodos más violentos. El 30 de diciembre de ese año fue encontrado el cuerpo del síndico de Omealca, Miguel Tinoco Soto, acompañado de un narcomensaje en la carretera Amatlán–Cuichapa. El caso no fue esclarecido.

Ese mismo año fueron asesinados Isauro Ambrosio, alcalde de Rafael Delgado; Juan Carlos, subdirector de Gobernación del mismo municipio; y el exalcalde de Tlilapan, que fungía como asesor municipal.

La violencia alcanzó también a Tezonapa. El 6 de mayo de 2023, el exdiputado local Alexis Sánchez García fue asesinado junto a su hijo dentro de su vehículo en la cabecera municipal.

En 2022 murieron también Jesús Páez, tesorero de Tezonapa, y Raúl Castillo, dirigente del PAN en Yanga, en hechos atribuidos por organizaciones civiles a disputas territoriales.

La escalada se remonta al 27 y 28 de agosto de 2021, cuando fueron asesinados Grodetz Ríos Andrade, dirigente del PT, y José Escamilla Aguilera, regidor electo de Morena. Ambos casos permanecen sin resolución.

Un antecedente clave es el asesinato de Maricela Vallejo, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, ocurrido en 2019. Por este hecho, María Elena “N”, exalcaldesa, fue sentenciada a 60 años de prisión.

Pese a la cantidad de víctimas, la Fiscalía General del Estado no ha reportado avances sustanciales en las investigaciones.