Xalapa, Ver.— El Congreso de Veracruz aprobó con 42 votos o a favor en sesión celebrada a las 22:00 horas de este martes 25 de noviembre la reforma que modifica el proceso de nombramiento, remoción y duración del encargo de la persona titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), actualmente encabezada por Verónica Hernández Giadáns.

El proyecto unifica iniciativas presentadas previamente por legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), restituye a la gobernadora Rocío Nahle García, la facultad de proponer, remover y ratificar al fiscal y deja al Congreso únicamente la función de avalar o rechazar la propuesta en plazos específicos.

Los cambios aprobados impactan directamente en los artículos 33, 49 y 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz. Con la modificación, será atribución de la mandataria remitir la propuesta de nombramiento al Congreso, el cual contará con un plazo improrrogable de cinco días hábiles para resolver. 

La designación requiere el voto de las dos terceras partes de las diputaciones presentes; si no se emite resolución en ese periodo, la propuesta se tendrá por aprobada.

En caso de rechazo, la gobernadora o gobernador en turno podrá enviar una segunda propuesta. Si nuevamente es desestimada en un plazo de dos días hábiles, el o la mandataria quedará facultada para designar al fiscal de entre los dos perfiles enviados originalmente. Para una ausencia definitiva, se aplicará el mismo procedimiento.

Una reforma constitucional en Veracruz es válida cuando el Congreso del Estado la aprueba con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, remite el proyecto a los ayuntamientos dentro de los cinco días hábiles siguientes y, en un plazo de treinta días naturales, la mayoría de los ayuntamientos la aprueba de forma expresa o por afirmativa ficta.

El perfil para ocupar la titularidad de la FGE deberá cumplir con experiencia en procuración de justicia, capacidad administrativa, independencia y perspectiva de derechos humanos y de género. Además, se exige ciudadanía mexicana por nacimiento, al menos treinta años de edad, título de licenciatura en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años y la aprobación de evaluaciones de control y confianza.

La duración del encargo fue ajustada a cuatro años, con posibilidad de una ratificación por parte del gobernador o gobernadora para un segundo y último periodo de igual duración. 

La remoción por causas graves también queda en manos del mandatario o mandataria; el Congreso podrá objetarla con la misma votación calificada requerida para la designación, en un plazo de cinco días hábiles. Si no se pronuncia, la remoción surtirá efectos.

El decreto aprobado incluye un plazo de 120 días para que el Congreso armonice la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con el nuevo modelo. Sin embargo, no precisa la situación inmediata de la actual fiscal, por lo que su permanencia o eventual salida dependerá de la aplicación de los artículos reformados.

El dictamen fue firmado por la Comisión de Justicia y avalado por mayoría durante la sesión nocturna de este martes 25 de noviembre.

(BRLH)