Xalapa, Ver.— Mientras la defensa de Javier Duarte de Ochoa intentó demostrar que podía acceder a libertad anticipada por la sentencia de lavado de dinero y asociación delictuosa, su figura continúa marcada por la desaparición de un taxista en 2013.

La causa estatal en contra del exgobernador priísta de Veracruz —bajo el proceso 103/2018— habría sobrevivido entre irregularidades, aplazamientos y resoluciones judiciales controvertidas.

La Fiscalía General de la República (FGR) enfatizó en audiencia que el obstáculo principal para que Duarte obtenga libertad anticipada es que el procedimiento por desaparición forzada no está resuelto. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz mantiene impugnada la resolución que en 2024 sobreseyó el caso.

El caso que revive el historial de señalamientos

El proceso 103/2018 se desprende de la desaparición de un taxista ocurrido el 16 de abril de 2013 en Coatepec, municipio conurbado con Xalapa.

De acuerdo con la fiscalía veracruzana, Javier Duarte habría entorpecido la investigación, lo que se convirtió en la base de la acusación bajo la hipótesis de obstaculización. El caso involucra a dos presuntos partícipes; uno ya fue sentenciado.

La desaparición fue emblemática presuntamente por sus similitudes con las atribuidas a estructuras estatales, por la participación de policías o el ocultamiento de expedientes sensibles, y por la eventual vinculación de exfuncionarios de seguridad a prácticas de encubrimiento.

Una de las testigos de la FGR, Dennise Moreno Córdoba, responsable del caso en la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, sostuvo que el juez local resolvió desechar la acusación de forma irregular. Presuntamente, no citaron a las víctimas indirectas y el sobreseimiento se dictó con “extraña celeridad”. Esto motivó a la impugnación estatal.

La apelación fue radicada apenas en noviembre de 2025, lo que implica que el proceso legalmente sigue vigente. Este sería un punto clave para la juez federal Ángela Zamorano Herrera, quien revisó si Duarte cumple con los requisitos para obtener su libertad anticipada.

Seis diferimientos, excusas médicas y una orden de reaprehensión

El historial procesal presentado en audiencia muestra que Javier Duarte evitó enfrentar la audiencia inicial durante un año y tres meses. Entre las faltas enumeradas destacan:

• 6 de junio de 2018: se solicita orden de captura, con aval del gobierno de Guatemala.
• 9 de agosto de 2021: pide diferir porque supuestamente tuvo contacto con un caso de Covid-19.
• 12 de noviembre de 2021: se niega a salir de su celda; se le ejecuta la orden de aprehensión dentro del Reclusorio Norte.
• 16 de febrero y 17 de marzo de 2022: nuevas ausencias, una por problemas de salud y otra por suspensión judicial.
• 16 de noviembre de 2022: finalmente se celebra la audiencia, Javier Duarte llega tarde y nuevamente alega malestar físico; la juez ordenó su regreso forzoso a la sala; el acusado estuvo atado a una silla bajo vigilancia de custodios.

Pese a lo anterior, el exgobernador de Veracruz logró la cancelación del proceso en 2024, aunque esa decisión hoy se encuentra bajo revisión.

Si la juez Zamorano concluye que el expediente 103/2018 no está realmente cerrado, Javier Duarte deberá continuar preso, aunque su sentencia federal esté por agotarse en abril de 2026.

(BRLH)