Xalapa, Ver.– La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en las entidades donde está despenalizada la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como en Veracruz, las autoridades estatales y las instituciones federales de salud, como el IMSS-Bienestar, tienen la obligación de garantizar el acceso efectivo a este derecho.

El pronunciamiento se da luego de que colectivos feministas en Veracruz advirtieran un incremento preocupante de partos infantiles y denunciaran obstáculos para acceder a la interrupción legal del embarazo en los casos contemplados por la ley.

“Ahí donde es legal en cada estado, tiene que garantizarlo el estado y, obviamente, también el IMSS Bienestar”, subrayó Sheinbaum.

La mandataria añadió que su gobierno trabaja en programas de prevención del embarazo adolescente en coordinación con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

Preocupante panorama en Veracruz

De acuerdo con la asociación civil Equifonía, durante 2024 se registraron únicamente 72 interrupciones legales del embarazo en niñas de entre 10 y 14 años, mientras que, en el mismo periodo, se contabilizaron 621 partos en menores de esa edad.

La organización criticó que los hospitales públicos en Veracruz no están canalizando a las niñas ante las autoridades competentes para investigar los casos como posibles delitos de pederastia, y tampoco están ofreciendo de manera adecuada los servicios de interrupción legal del embarazo.

Estrategia nacional en marcha

Por su parte, Citlalli Hernández Mora informó que se desarrolla la tercera fase de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo, en la que participan el Consejo Nacional de Población (Conapo), dependencias federales y autoridades locales.

Durante las mesas de trabajo, explicó, se han identificado tres problemáticas principales:

• El embarazo adolescente, que puede prevenirse mediante campañas informativas.
• Los casos de abuso sexual contra niñas.
• Las uniones forzadas que persisten en algunas comunidades.

Hernández Mora enfatizó que, en los estados donde la ILE es legal, la normativa debe aplicarse sin restricciones, y reiteró que el gobierno federal mantiene coordinación estrecha con los estados para brindar atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual o embarazos forzados.