Xalapa, Ver.– La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz aceptó la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en torno al desalojo ocurrido en junio de 2024 en Totalco, municipio de Perote, donde murieron los hermanos Jorge y Alberto Contina a manos de elementos de la entonces Fuerza Civil.

La titular de la CEDH, Minerva Pérez López, informó que la dependencia estatal deberá iniciar un proceso administrativo para deslindar responsabilidades. “Sigue una investigación para que los servidores públicos involucrados sean evaluados por el posible uso excesivo de la fuerza y que las víctimas sean reconocidas en el registro estatal”, explicó.

De acuerdo con la funcionaria, la recomendación se basó en testimonios de personas presentes durante el operativo y en información recabada de distintas autoridades, un proceso que tomó más de un año. “Cada caso tiene particularidades que deben investigarse conforme a sus circunstancias”, señaló.

Pérez López subrayó que, a diferencia de otros procesos, en este caso las autoridades mostraron disposición para acatar las observaciones. “No encontramos resistencia; hay voluntad de aceptar y revisar el tema”, indicó.

Los hechos en Totalco

El 20 de junio de 2024, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental fueron desalojados por la Fuerza Civil en la carretera federal San Hipólito–Xalapa, a la altura de Totalco. Un día antes, pobladores de Veracruz y Puebla habían instalado un plantón para denunciar el presunto acaparamiento de agua y la contaminación ambiental atribuida a la empresa Granjas Carroll.

Durante el operativo, los policías dispararon contra los manifestantes, provocando la muerte de los hermanos Contina. Tras los hechos, el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció la desaparición de la corporación. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado detuvo a dos exelementos por abuso de autoridad, mientras que la FGR vinculó a proceso a otros dos agentes por homicidio doloso en riña.

Con la aceptación de la recomendación, la CEDH enfatizó que su cumplimiento será clave para garantizar justicia a las víctimas y, al mismo tiempo, prevenir que hechos similares vuelvan a repetirse en Veracruz.