Xalapa, Ver.- El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) aprobó la utilización de brazaletes electrónicos como una alternativa a la prisión preventiva. Esta medida cautelar dentro de los juicios penales se aplicará en casos determinados.

De acuerdo con el nuevo protocolo, los localizadores serán aplicados únicamente bajo autorización judicial y siguiendo lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras disposiciones legales.

¿Cómo se aplicará esta medida?

El brazalete electrónico podrá ser solicitado por la persona imputada a través de un escrito en el que deberá acreditar condiciones como:

• contar con domicilio fijo y condiciones físicas que permitan la colocación del brazalete,
• demostrar la capacidad económica para cubrir su renta mensual,
• ofrecer garantías para el uso responsable del equipo.

La solicitud no garantiza automáticamente el beneficio, será la o el juez del caso quien determine si procede la medida, previa a valoración de los supuestos legales.

En caso de que se considere viable, se notificará a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) para que lleve a cabo una evaluación técnica y emita un informe sobre la idoneidad del uso del brazalete en el caso particular.

Obligaciones

El acuerdo judicial también establecerá las obligaciones económicas del imputado. Entre ellas, el pago de una fianza y la renta mensual del dispositivo, recursos que deberán depositarse en el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del PJEV.

El beneficio estará sujeto al cumplimiento estricto de las condiciones fijadas por el juzgador, ya que cualquier incumplimiento podría revocar la medida y derivar en el encarcelamiento inmediato.

Sobrepoblación en cárceles

Este mecanismo de monitoreo, utilizado ya en otros estados del país, permitiría que las personas procesadas puedan continuar con su vida cotidiana mientras enfrentan un proceso penal. Además, esta medida ayudaría a disminuir la sobrepoblación en cárceles del estado.

De acuerdo con un informe hecho en 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al menos cinco de 17 centros de reinserción social de Veracruz están “reprobados” en cuanto a las condiciones para las personas privadas de su libertad.

Estos penales son los de Chicontepec, Huayacocotla, Jalacingo, Pánuco y Poza Rica. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, señala que estos inmuebles tienen una capacidad para seis mil 946 personas privadas de la libertad.

Sin embargo, datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional a junio de 2025 señalan que los penales de Veracruz albergan a ocho mil 744 reos, es decir, se registra una sobrepoblación del 25,88 por ciento.