Xalapa, Ver.- Vendado de los ojos y separado de su madre, así fue trasladado un niño de cinco años por agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de Veracruz, en un hecho que su familia denunció como un acto de tortura psicológica.

El caso llegó hasta los tribunales federales donde el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Veracruz ordenó detener cualquier agresión o medida arbitraria en contra del menor y de sus familiares, al concederles la suspensión de plano dentro del amparo 564/2025.

La resolución instruyó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y a la propia UECS, a abstenerse de ejecutar actos que violenten la dignidad de los quejosos.

Además, el juez señaló que la omisión en el cumplimiento de esta medida puede ser considerada como abuso de autoridad conforme a la Ley de Amparo.

Detención y traslado de un niño en La Toma

De acuerdo con el testimonio de Wendy Rosas Rafael, madre del menor, los hechos ocurrieron el 19 de junio cuando su hija, junto con sus suegros, acudió al penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, para visitar al padre del niño.

Al salir del centro penitenciario, fueron interceptados y retenidos por policías ministeriales sin explicación alguna. Durante dos días permanecieron incomunicados y el niño fue llevado por separado.

“Se lo llevaron detenido sin avisarnos. Lo trasladaron a Xalapa con los ojos cubiertos y estuvo varios días fuera de mi cuidado”, declaró. Posteriormente, el menor fue entregado al DIF Conecalli, donde la familia pudo volver a tener contacto con él.

“El niño cuenta que lo vendaron durante todo el trayecto desde Amatlán hasta Xalapa. Fue algo aterrador y lo dejó muy afectado”, añadió la madre.

En su resolución, el juez también instruyó que se verifiquen las condiciones físicas de los afectados, por lo que un actuario, deberá constatar el estado en que se encuentran los integrantes de la familia.

En tanto, la abuela del menor interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y exigió justicia, al advertir que el pequeño y sus familiares han sido víctimas de actos ilegales y violentos por parte de las autoridades.