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FGE pierde caso por desvío millonario ligado a Karime Macías

  • Alba Alemán
La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia condenatoria contra dos excolaboradores de Macías

Xalapa, Ver.– La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns, perdió el juicio por el presunto fraude específico de 114 millones de pesos en agravio del DIF estatal, caso relacionado con la gestión de Karime Macías, expresidenta del Patronato y exesposa del exgobernador Javier Duarte.

La Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocó la sentencia condenatoria contra dos excolaboradores de Macías dentro del Proceso Penal 45/2022 y el Toca Penal 145/2023, al determinar que la Fiscalía no acreditó la supuesta simulación de contratos mediante la cual habrían sido desviados los recursos.

Las magistradas Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, María del Socorro Hernández Cadena y Patricia Molina Gimbernat resolvieron por unanimidad que “el material probatorio no es apto ni suficiente para justificar la existencia del ilícito de fraude específico”.

En la resolución se destacó que los dictámenes contables carecieron de evidencia documental y se sustentaron únicamente en presunciones, sin alcanzar el estándar penal de prueba “más allá de toda duda razonable”.

Aunque policías ministeriales y peritos señalaron la inexistencia física de algunas empresas proveedoras, la Sala concluyó que esos indicios no demostraban jurídicamente la simulación de contratos.

El fallo derivó de un amparo otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual ya había advertido irregularidades en la valoración de pruebas y ordenó reponer el procedimiento.

La decisión impacta directamente en el proceso contra Karime Macías, cuya extradición desde Reino Unido continúa detenida. La FGE sostenía que, desde la presidencia del DIF, ella habría organizado un esquema para desviar fondos públicos en complicidad con exfuncionarios.

Con esta resolución, el TSJE ordenó la libertad absoluta de los procesados y la cancelación de sanciones. En los hechos, el caso por el presunto fraude millonario quedó sin sustento judicial.