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EU señala a empresarios mexicanos por sobornos a funcionarios de Pemex

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Según documentos judiciales de Estados Unidos (EU), los sobornos ascendieron a por lo menos 150 mil dólares e incluyeron pagos en efectivo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) reveló este lunes una acusación formal contra dos empresarios mexicanos por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), entre 2019 y 2021, con el fin de manipular licitaciones y obtener contratos millonarios.

Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 años, ambos ciudadanos mexicanos con residencia legal en Texas, enfrentan cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres violaciones sustantivas de la misma.

Según documentos judiciales, los sobornos ascendieron a por menos 150 mil dólares e incluyeron pagos en efectivo, artículos de lujo como bolsos de Louis Vuittonrelojes Hublot, y otros bienes valiosos, dirigidos a por lo menos tres funcionarios de Pemex.

Querían beneficiar a sus empresas

De acuerdo con la investigación, Rovirosa y Ávila, junto con cómplices, ofrecieron estos incentivos para que los funcionarios tomaran medidas que favorecieran a empresas asociadas con Rovirosa en procesos de licitación, permitiendo obtener y retener contratos por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.

El DOJ enfatizó que estos actos buscaban enriquecer a funcionarios corruptos en detrimento de un mercado justo.

Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Penal del DOJ, declaró que la acusación “debe enviar un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”.

Solo uno de los responsables fue detenido

Rovirosa fue detenido y procesado este lunes en el Distrito Sur de Texas, mientras que Ávila se encuentra prófugo.

Si son declarados culpables, cada uno podría enfrentar una pena de cinco años de prisión por cargo, determinada por un juez federal considerando las Directrices de Sentencia de Estados Unidos.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) lideran la investigación, con asistencia de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Depósitos de Seguros y la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ.

Los abogados litigantes Lindsey D. Carson, Abdus Samad Pardesi, Paul G. Ream y el fiscal federal adjunto Brad Gray, están a cargo de la acusación. (MCJ)