Es necesaria una revisión integral de los Centros de Readaptación Social en el estado de Veracruz para verificar que se cumplan todos los parámetros de gobernabilidad y que las condiciones para los reclusos, sean las adecaudas, consideró el presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda.

“La problemática es el hacinamiento que ha existido en todos los Centros de Readaptación Social, que son organismos para poder reinsertar socialmente a las personas que han cometido algún delito y esto, no se hace actualmente”, exclamó.

Su opinión coinciden con los datos reflejados en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional publicado en junio de 2025. Estos datos públicos confirman que existe hacinamiento.

Además, un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 2023 refiere que al menos, cinco de 17 Centros de Reinserción Social de Veracruz están reprobados.

“La prisión preventiva oficiosa ha sido detonante para este hacinamiento, ya que en muchas ocasiones prisión preventiva, declarado inconvencional, pero los legisladores se han resistido a declararla inconvencional y estamos a la espera”, dijo.

El presiente del Colegio de Abogados indicó que el distrito judicial de Veracruz requiere un centro de readaptación, ya que se carece de uno. 

PENAL EN VERACRUZ

Cuando autoridades decidieron cerrar el Penal de Allende, durante la administración del prista Fidel Herrera Beltrán, se tenía en proyecto de construcción de un centro en Medellín de Bravo; sin embargo, quedó inconcluso. 

“Necesitamos la creación de un Centro de Readaptación Social en Veracruz - Boca del Río”, comentó. 

En la zona conurbada, lo único que existe, es el “Penalito" de Playa Linda, sin embargo, de acuerdo con Priego Miranda, existen quejas y ya se han emitido recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las malas condiciones que enfrentan las personas que se encuentran ahí recluidas.

“El Penalito es una necesidad que tenemos aquí porque no hay otro lugar en donde puedan estar las personas que se encuentran privadas de su libertad (...) los procedimientos jusdiciales requieren lugar para que personas, en donde no se define su situación jurídica, estén recluidos y estas 72 horas establecidas se han superado indebidamente”, dijo.

Además de esas condiciones del “Penalito”, en ocasiones, los detenidos son trasladados a penales a otras partes del estado, alejándolos de familias, quienes denuncian complicaciones de seguimiento a sus procedimientos judiciales.