Xalapa, Ver.— El Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo se pronunció en contra del uso del término “violencia política” como herramienta del poder para censurar la libertad de expresión. 

“Los recursos legales por los que las mujeres luchamos son para proteger a las víctimas, no para que desde el poder se les utilice para actuar en contra de quienes al mismo poder resultan ser incomodados”, se lee en un comunicado emitido el pasado jueves 17 de julio.

Los casos a los que la red se refiere tienen en común que quienes denuncian violencia política en razón de género son mujeres que están en el poder. Estas figuras usarían el marco legal para acallar voces críticas. 

Censura en Veracruz y a nivel nacional

Los periodistas Elfego Riveros, Ángel Camarillo e Isabel Ortega, son mencionados en los casos de la entidad veracruzana, según el comunicado del Capítulo Veracruz de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo.

Los tres trabajadores de los medios de comunicación “tuvieron que bajar sus notas periodísticas, emitir disculpas públicas y deberán pagar multas por decir lo que el periodismo está obligado a hacer”, señala el comunicado.

Isabel Ortega y Ángel Camarillo, periodistas de la ciudad de Xalapa y en el Colectivo de Radio Teocelo, fueron sentenciados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los señalados de violencia política en razón de género, recibieron esta medida luego de informar hechos sobre el parentesco de una candidata con un presidente municipal en funciones, así como el porcentaje de votación obtenido en la jornada electoral de 2021.

El Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPSVPG), ubica al estado de Veracruz en segundo lugar nacional, con 55 personas inscritas. En el país se registran 478 casos.

A nivel nacional, el comunicado menciona a estados como Campeche, Puebla, Sonora y Tamaulipas. En esas entidades, también figuras políticas con cargos públicos habrían recurrido a estas leyes para silenciar a periodistas y detractores incómodos, desvirtuando su propósito original.

“La Red enfatiza que no es lo mismo denunciar violencia política desde una posición de vulnerabilidad que hacerlo desde el poder, con todos los recursos estatales a disposición, usar leyes pensadas para proteger a víctimas como armas de censura solo perpetúa la desigualdad y mina las libertades democráticas”, sentencian.

El problema en las redes sociales

En el comunicado, se advierte que el uso creciente de las redes sociales ha multiplicado las expresiones de violencia política contra las mujeres. De acuerdo a la red, esto sucede a pesar de los esfuerzos para promover una comunicación no sexista.

Incluso con la existencia de defensorías y mecanismos jurídicos, señalan que las víctimas enfrentan un proceso complicado y lleno de obstáculos para obtener justicia.

El llamado final es: no se debe permitir que instrumentos legales nobles sean utilizados de manera frívola e inadecuada. Avanzar en derechos significa también garantizar las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión.