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Fiscalía de Veracruz se especializará en combatir delitos de extorsión

  • Carlos Navarrete
A través de una modificación a la Ley Orgánica, la Fiscalía General del Estado de Veracruz se encargará de combatir el delito de extorsión.

Veracruz, Ver.— A través de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz se emitió un decreto por el que se modifica el reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para crear una nueva área que quedará bajo su mando: la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.

A inicios de la presente semana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviaría al Congreso de la Unión una ley general contra la extorsión para que las 32 entidades federativas del país persiguieran dicho delito de manera homologada.

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Con esta medida, el delito se investigará de oficio —sin necesidad de que haya un denunciante claramente identificado— con lo que se busca reducir los riesgos para las víctimas. La propuesta de la presidenta incluía además que las unidades de combate al secuestro de las fiscalías del país, se especialicen también en el combate de la extorsión.

“Inicia un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales. Las unidades que hoy se dedican al secuestro también se van a dedicar a la persecución de la extorsión y con esta modificación a la ley se refuerza la estrategia”, destacó Sheinbaum Pardo.

Con base en lo anterior, el pasado viernes 11 de julio se emitió el respectivo decreto en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz. La nueva área tendrá su sede en la ciudad de Xalapa, Veracruz, y competencia en todo el estado de Veracruz.

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La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión fue creada con base al Acuerdo 50/2025, es un área que dependerá directamente de Verónica Hernández Giadáns, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

“Con la capacidad para investigar, además de los delitos de secuestro, los delitos de extorsión. En este sentido, resulta pertinente modificar la denominación y ampliar las atribuciones de la referida Unidad para adecuarla a los desafíos actuales y mejorar su eficacia en la lucha contra el crimen, al fortalecer las investigaciones y ampliar las capacidades que permitan desmantelar redes criminales y detener a los principales generadores de violencia; contribuyendo así en la estrategia nacional contra este delito y al reforzamiento del respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales de las víctimas, abonando a la procuración de justicia elementos para el mejoramiento en la atención a la sociedad veracruzana”, detalla uno de los apartados del decreto.

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La nueva Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la FGE de Veracruz contará con fiscales especializados, policías de investigación, peritos y demás personal que resulte necesario.

Además, contará con un Departamento de Análisis de Información en Materia de Secuestro y Extorsión, del que dependerán: Oficina de Delitos Cibernéticos, Oficina de Análisis Táctico, Oficina de Contrainteligencia y Oficina de Plataforma México. También, contará con un departamento de asesores en Manejo de Crisis y Negociación; un Departamento del Cuerpo Técnico de Control; Policías de Investigación y Unidad Canina.

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El o la directora de la nueva área tendrá la responsabilidad de diseñar, proponer e impulsar políticas de apoyo, protección y respaldo a las víctimas y sus familiares, así como iniciar la investigación sobre las denuncias que le presenten en forma oral, por escrito, a través de medios digitales o mediante denuncias anónimas.

Empresarios urgen Ley General de Extorsión en Veracruz

Ante los hechos de violencia en el sur de Veracruz, empresarios de todo el país demandaron la creación urgente de una Ley General de Extorsión que permita coordinar autoridades, unificar modalidades, establecer sanciones y combatir eficazmente este delito.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió el pasado mes de marzo que la extorsión es un crimen en constante aumento, que sin una legislación efectiva, pone en riesgo la economía, el tejido social y la seguridad.