Xalapa, Ver.- “La gente no se identifica con sus autoridades en el Poder Judicial, porque la vida de las y los mexicanos de a pie es muy diferente al modo de vida que tienen quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación (PJF)”, declaró Raymundo Espinoza Hernández, candidato a ser uno de los próximos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el politólogo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), su participación como candidato a ministro se debe a que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría encabezar la transformación de la impartición de justicia en México. 

“Los mexicanos de a pie y los ministros de la Corte pertenecemos a dos mundos muy diferentes, muy, muy diferentes, no se van a identificar nunca.

Pero si además de eso tú le sumas que los ministros de la Corte están más preocupados por resolver los asuntos de los grandes empresarios del país que no quieren pagar impuestos en vez de atender los derechos colectivos, económicos, sociales, culturales del pueblo de México que representan las problemáticas nacionales, pues por supuesto que hay un gran descontento”, dijo en entrevista con e-consulta Veracruz. 

Para Raymundo Espinoza Hernández es necesario que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplan con la ley que desde hace 10 años obliga a que ningún funcionario gane más que la presidenta o el presidente de la república en turno. Si en algún lugar eso tiene que ser ejemplo, es en el Poder Judicial de la Federación, afirmó. 

Luego, aseguró, se debe colocar como eje central del trabajo judicial la atención de controversias en donde hay violaciones a los derechos colectivos, económicos, sociales, culturales y ambientales, pues consideró que esa es la justicia que la gente espera y que debe existir después de las elecciones del domingo 1 de junio.

Democratizar el Poder Judicial de la Federación

Según Raymundo Espinoza Hernández, la democratización del Poder Judicial de la Federación con la elección popular de personas juzgadoras es un factor positivo que remueve las redes de corrupción poder dentro y fuera de esta institución pública. 

“(Remueve) el tema del nepotismo, que ha sonado mucho y que está ahí corroborado, el propio Consejo de la Judicatura lo ha reconocido, pero también redes de poder, de abogados, de grandes despachos que entran y salen del Poder Judicial como si estuvieran en su casa, porque, pues tienen los contactos, tienen las influencias ¿no? El poder judicial en muchos sentidos también está secuestrado por estas redes de abogados”, aseveró.

El abogado consideró que la reforma judicial y la elección popular de personas juzgadoras eliminó el control que estas redes de poder tenían para designar a quienes ocupaban los cargos dentro del Poder Judicial. También expresó que las nuevas normas son un área de oportunidad para que la impartición de justicia tenga calidad y la profundidad que las mexicanas y los mexicanos requieren.

“Luego, pues es cierto, sí nos da una oportunidad a muchas personas que en otras circunstancias no hubiésemos tenido manera de participar en estos procesos. En mi caso, yo mismo siempre he sido muy escéptico y muy crítico del trabajo de los tribunales en México y jamás hubiese yo imaginado tener la oportunidad de participar en un proceso así.

Es precisamente ahora, en el marco de una democratización del poder judicial que yo me animo a participar y que me parece que tiene sentido para recuperar el carácter público de una institución que, aunque por principio lo es, parece como si actuara secuestrada por intereses privados”, opinó.

¿Quién es Raymundo Espinoza Hernández?

Raymundo Espinoza Hernández, cuyo nombre aparecerá acompañado del número 42 en la boleta morada en la elección judicial del próximo domingo 1 de junio, es un abogado que tiene sus raíces familiares en el Pueblo Mágico de Viesca, ubicado a poco más de una hora de Torreón, Coahuila.

“Yo nazco en Chihuahua porque mi abuelito siendo ferrocarrilero, pues iban pidiéndole que se fuera cambiando de estación hasta cada vez más al norte. Pero desde muy chico yo crezco en la Ciudad de México. Crezco en Iztapalapa, que es donde vivían ya mis abuelos paternos y crezco con ellos”, relató. 

Raymundo es politólogo por la UAM, licenciado, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana. 

En 20 años como abogado se destacó por ser promotor de los derechos humanos y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en México y América Latina. Además, obtuvo el certificado DESC de la Global School on Socioeconomic Rights; diplomas en Juicios Constitucionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en Acceso a la Justicia en materia de Derechos Humanos y Juicio de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

También obtuvo el diploma y el certificado como Abogado digital otorgado por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Desde 2022, forma parte del Grupo de Trabajo Pensamiento jurídico crítico y conflictos sociopolíticos, de CLACSO.

Como litigante alcanzó la madurez profesional defendiendo asuntos relacionados con el Derecho ambiental, indígena y agrario. A lo largo de 10 años colaboró con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red en Defensa del Maíz. 

“Ahí vi todo tipo de asuntos, proyectos carreteros, proyectos mineros, proyectos energéticos como gasoductos, parques eólicos, fotovoltaicos… vi también asuntos delicados como ríos contaminados, temas de organismos genéticamente modificados, diferentes asuntos son los que yo pude ver ahí a lo largo de casi 10 años”, compartió.

Gran parte de la carrera de Raymundo Espinoza Hernández se basó en temas relacionados con la defensa del territorio. Cuando el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se acercó a grupos vulnerables que peleaban contra injusticias y tragedias de grandes proyectos que los desplazaban, conoció que muchos de ellos carecían de abogados y que generalmente daban las causas como perdidas. 

“Yo comienzo a participar en este tipo de procesos que son muy complejos, no son los casos cotidianos de un abogado. Son procesos donde se requiere una buena formación técnica, pero además se requiere también, pues, una serie de estrategias mediáticas y de organización social para sacarlos adelante, porque son procesos colectivos de defensa del territorio”, articuló.

En el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), antes Conahcyt, donde coordinó trabajos de diseño y aprobación de la primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que estableció constitucionalmente el derecho humano a la ciencia. También coordinó la extinción de 91 fideicomisos del antiguo Conacyt con los que, según el gobierno federal, se beneficiaba a grupos privados y de élite. 

Integrar la justicia legal con la socioambiental

Para el politólogo existe una separación entre la sociedad y los tribunales del país, una relación que, dijo, debe reconciliarse a través del mandato constitucional de justicia social que contiene la Carta Magna en artículos que tratan de los derechos sociales, como el segundo, el cuarto, el 27 o el 123. 

“Lamentablemente lo que vino pasando los últimos años en el Poder Judicial es que se dejaron de aplicar artículos que contenían este mandato de justicia social”, argumentó. 

De acuerdo con Espinosa Hernández, el mandato constitucional de justicia social dejó de aplicarse en los últimos años debido a que los ministros de la Suprema Corte se enfocaron sobre todo en temas administrativos fiscales. Opinó que, además de rescatar este principio, se debe agregar la justicia ambiental para resarcir las afectaciones que tuvo el país a lo largo de 40 años de políticas neoliberales, como la desregulación del ambiente y la explotación de recursos naturales. 

“Mi propuesta engloba integrar la justicia legal con la justicia socioambiental, porque en nuestro país pues solo tiene sentido la justicia legal si es al mismo tiempo justicia socioambiental. No se podría entender de otra forma.

Yo lo que propongo es fortalecer el acceso a la justicia con una política judicial que pueda consolidar la Defensoría Pública para que estas instituciones que prestan servicios de asesoría y de litigio para quienes no pueden pagar abogados, pues lo puedan hacer, pues con la mayor calidad posible también con la mayor oportunidad y pertinencia para la población de nuestro país que no puede pagar abogados propios”, sostuvo. 

“Tengo la claridad del momento histórico que vive nuestro país”

“Todos los temas son importantes, pero la Corte lo que ve es justicia constitucional. Y en eso pues habemos pocos candidatos. Yo soy uno de esos candidatos que, además, tiene una visión social del derecho, que tiene una obra escrita muy amplia, que tiene un reconocimiento académico y que tengo, además, pues la claridad política del momento histórico que vive nuestro país”, expuso el abogado. 

Como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia, Espinoza Hernández ofreció al electoral utilizar toda su capacidad y experiencia de más de 20 años en el mundo del Derecho Constitucional para reconciliar la justicia social y ambiental, para así acercar los grandes problemas nacionales al máximo tribunal del país.

A días de terminar la campaña de la primera elección judicial en la historia de México, el politólogo reconoció es recorrer el país en dos meses imposible y un reto “tan grande como la vuelta al mundo en 80 días”, por lo que se valió de un principio de austeridad y de su trabajo en años previos como defensor de grupos vulnerables. Eso le permitió que lo reconocieran inmediatamente en varias partes de la república, incluido Veracruz, en donde trabajó por la defensa de territorios. 

“Eso es lo que yo pongo sobre la mesa para que la gente pueda evaluar mi trayectoria, mi perfil, conocerme y, si es el caso, votar por mí en el número 42 de la boleta morada el próximo domingo 1 de junio”, concluyó.