Veracruz, Ver.— Para quitarle a su hija de 7 meses, Enrique Alejandro Landeros Sánchez denunció que elementos de un despacho jurídico acompañados por policías armados irrumpieron en su domicilio el pasado 8 de mayo.

De acuerdo con Landeros Sánchez, la menor de edad estaba resguardada en su casa. “Eran 20 elementos de la Policía Naval, Marinos, irrumpieron en mi domicilio con insistencia violenta”.

“Al abrir se identificó un policía naval para decir que estaba atendiendo un llamado de la sustracción de mi hija, de su madre argumentando que yo la había sustraído horas antes”, expresó.

Madre de la menor la habría dejado 

Según el afectado, la madre de la menor, Luisa Fernanda Guzmán Torres, regresó a Colombia por decisión propia, pero antes —el pasado 23 de abril— había dejado a la menor sin cuidado.

Landeros Sánchez acusó a los litigantes Vicente Martínez y Evelyn Monserrat Guevara Mata de amedrentar y acosarlo bajo el argumento de sustracción ilegal de menores.

“Esto es una situación familiar que afecta los intereses de mi hija menor. Aquí tenemos la resolución de la Juez del Décimo Juzgado y tenemos un amparo de la acción provisional del amparo, en el cual se me ratifica la patria potestad provisional de la menor”, explicó.

El padre de la menor pidió abrir una carpeta de investigación por omisión de cuidados y abandono, en el cual se le dieron las medidas cautelares por medio de Dorotea Isla Martínez, fiscal primera especializada en delitos de violencia y contra la familia.

Tras hacer la solicitud, se le ratificó la patria potestad provisional de la menor de edad, su hija. 

Landeros acusó al corporativo jurídico Se Legao de brindar un mal asesoramiento a la madre de la menor, Luisa Fernanda Guzmán Torres, y de ejecutar una mala praxis que le está afectando en su vida personal y laboral.

Aseguró que él se encuentra en total disposición de dialogar con la madre de su hija, pues lo más importante es la tranquilidad y bienestar de la menor de edad.

Enrique Alejandro insistió en que el despacho buscaba demeritar pese a que él cuenta con todos los documentos e incluso han bloqueado la comunicación entre él y la madre de la menor.

Por el momento, el padre de la menor espera a que las autoridades competentes tomen las medidas pertinentes y regulen a los abogados.