Xalapa, Ver.- A pocos días de que empiecen las campañas electorales, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que se contabilizan 20 casos de candidatas y candidatos que solicitaron protección tras haber sufrido amenazas o agresiones. 

En conferencia de prensa explicó que todos los avisos que les manda el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) al respecto, son atendidos y a los afectados se les da protección una vez que interpongan la denuncia correspondiente. 

“Les hemos recomendado para que se haga la investigación correcta de algún atentado o alguna preocupación de una candidata o candidato que presente la denuncia para que en el Código Penal podamos proceder a tener información más precisa de dónde proviene, en caso de que sea una situación de riesgo para una candidata o candidato”. 

Detalló que un caso es de un candidato del Partido Acción Nacional (PAN) mientras que el resto son del partido de Movimiento Ciudadano (MC) quienes formalmente han denunciado y sus datos fueron presentados en la Mesa de Seguridad. 

El secretario de gobernación señaló que es muy importante que denuncien para que puedan hacer una investigación precisa, y sean protegidos en caso de situaciones de riesgo para las y los candidatos. 

“Muchas veces no quieren denunciar pero es importante para darles una protección precisa y no violentar el Código Penal. Para que podamos atenderlos con la denuncia en mano, hagamos investigaciones correctas y los protejamos correctamente. Tengamos acceso a telefonía, a algún tipo de situaciones que nos permita, desde luego, dar la protección precisa”.

Cabe mencionar que apenas el pasado 7 de abril, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que tenían 10 solicitudes de protección, todas de personas de Movimiento Ciudadano y en menos de 8 días, el número se duplicó.

Otros partidos como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han denunciado públicamente amenazas a sus candidatos, sin embargo, -de estos- las autoridades estatales no tienen registro de denuncias formales o solicitud de seguridad ante el OPLE.