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Detecta Orfis presunto daño patrimonial de 150 mdp de 2020 a 2023
Xalapa, Ver. – Por un presunto daño patrimonial que asciende a 150 millones de pesos, se presentaron 25 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, informó Delia González Cobos, auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
La mayoría de las observaciones se detectaron en Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s), tecnológicos y fideicomisos, correspondientes a las últimas cuatro Cuentas Públicas durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Denuncias y seguimiento
Delia González detalló que las denuncias presentadas abarcan los últimos cuatro años de la administración estatal:
“Tenemos unas 25 denuncias y el daño patrimonial suma unos 150 millones de pesos, en su mayoría vinculados a OPD’s”.
El Orfis aún está en proceso de revisar el sexto y último año del gobierno de García Jiménez. En 2025, iniciará la auditoría del ejercicio fiscal 2024, por lo que se esperan nuevas observaciones que deberán ser solventadas o aclaradas.
“La Ley señala hasta 7 años para solventar observaciones administrativas, aunque el plazo puede reducirse si las aclaraciones son entregadas antes. El análisis de las cuentas se realiza durante el año fiscal y las observaciones se entregan al Congreso en septiembre”, recordó la auditora.
SIOP y otras dependencias
Uno de los casos destacados es el de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que fue señalada por diversas irregularidades durante el sexenio.
Esta dependencia, anteriormente a cargo de Elio Hernández Gutiérrez, ha entregado pruebas documentales, aunque no ha aclarado todas las observaciones pendientes. Algunas de estas pruebas aún están en proceso de análisis.
Proceso ante instancias legales
Tras la aprobación de la Cuenta Pública 2023 en el Congreso del Estado de Veracruz, se abrió un nuevo periodo de investigación para revisar las observaciones no aclaradas.
En casos donde se encuentran elementos que confirman daño patrimonial, el Orfis actúa de inmediato y canaliza los casos a la Fiscalía General del Estado (FGE) o al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), para que se proceda legalmente contra los responsables.