Xalapa, Ver.- Campesinos de la región de las Altas Montañas denunciaron públicamente a técnicos operativos del programa federal Sembrando Vida, acusándolos de extorsionarlos con cuotas de hasta 54 mil pesos para organizar la Feria del Bienestar, cubrir gastos de viajes y adquirir herramientas.

Los trabajadores del gobierno federal también son señalados de obligar a los beneficiarios del programa a quemar cerros en las Altas Montañas para sembrar maíz, bajo el argumento de cumplir con las normativas de siembra. Los campesinos afectados aseguran que los técnicos Moisés Agustino y Amelia Romero los amenazan con darlos de baja del programa si no acatan sus órdenes.

Según los denunciantes, los técnicos justifican las cuotas como necesarias para el funcionamiento de las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC), que operan en la región de Atzacan, municipio cercano a Orizaba. Sin embargo, estas cuotas no están contempladas en los lineamientos oficiales de Sembrando Vida.

"Muchas personas, por miedo a ser dadas de baja, hacen cosas que no deberían, pero no todos. Ellos siempre nos tienen amenazados junto con algunos integrantes de los comités de la región", declaró uno de los afectados.

Además de las cuotas elevadas, los campesinos afirman que los técnicos les exigen pagos de más de 200 pesos para viajes de delegados, así como cooperaciones para herramientas, plantas y una cuota mensual para gastos adicionales del CAC.

"Es injusto, no somos un grupo de ricos; somos campesinos. En lugar de ayudarnos, nos presionan para cumplir sus órdenes bajo amenaza de ser dados de baja", lamentó uno de los perjudicados.

Asimismo, algunos de los afectados señalaron que desconocen si la coordinadora regional de la Secretaría del Bienestar está al tanto de estas prácticas. Acusan a los técnicos de eliminar del padrón a varios beneficiarios, forzándolos a firmar su baja voluntaria para evitar realizar el papeleo correspondiente.

"Ellos ganan más de 35 mil pesos mensuales, pero no aportan nada para las Ferias del Bienestar; todo sale del bolsillo de los sembradores", concluyeron los denunciantes.

Este tipo de prácticas ilegales podría afectar la confianza en los programas federales que buscan mejorar las condiciones del campo mexicano, por lo que los campesinos piden una intervención inmediata por parte de las autoridades correspondientes.