Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) cada vez es más común la negativa de las dependencias públicas a reconocer abusos. A simple vista, es un acto administrativo, pero para las víctimas ese rechazo es una segunda victimización.

En 2023, el 53 por ciento de las instituciones rechazaron las recomendaciones, y en 2024, el porcentaje se sitúa en un 47 por ciento, lo que afecta directamente a las víctimas que buscan justicia.

“Eso les impacta directamente a las víctimas que ya de por sí están padeciendo los efectos de la vulneración de sus derechos humanos y ahora que la autoridad diga que no, es como una doble victimización”, declaró Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la CEDH.

DEPENDENCIAS DICEN NO

Entre las dependencias que han rechazado las recomendaciones se encuentran la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Consejo de la Judicatura y varios ayuntamientos. 

Ante esta situación, las víctimas deben recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo que prolonga el proceso de reparación del daño hasta por varios años.

Matzumoto señaló que esta negativa se ha vuelto sistemática y advirtió que, de continuar esta tendencia, un alto porcentaje de las recomendaciones emitidas en 2024 serán impugnadas por las víctimas. 

“Hay una negativa sistemática a aceptar las recomendaciones y lo que les queda a las víctimas es ejercer ese recurso y evidentemente las víctimas, todas, deciden impugnar, así que un porcentaje muy alto de recomendaciones que emitamos este año, si sigue esta negativa de aceptarlas, van a ser impugnadas”, explicó.
CEDH INSISTE

Debido a estas impugnaciones, la CNDH ha emitido cuatro recomendaciones dirigidas a diversas dependencias del estado de Veracruz, pidiéndoles que acepten las resoluciones de la CEDH. 

Las cifras reflejan un patrón preocupante: la CEDH ha emitido este año 87 recomendaciones, de las cuales solo 35 han sido aceptadas, 19 están en análisis y 33 ya fueron rechazadas.

El proceso para las víctimas, que incluye desde la negación de servicios de salud hasta casos de tortura y desaparición forzada, se prolonga cuando las dependencias se niegan a aceptar las recomendaciones. 

Las personas afectadas pueden acudir a la CNDH para apelar, pero este recurso alarga aún más la espera por una resolución. En 2023, la situación fue similar: de las 118 recomendaciones emitidas, 55 fueron aceptadas y 62 rechazadas.

El aumento de rechazos en los últimos años es constante. Mientras que en 2019 el porcentaje de rechazo fue del 12.79%, en 2020 subió a 12.1%, en 2021 a 8% y en 2022 alcanzó el 19.38%. 

“Evidentemente, lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos esperaría es que, cuando se acredita que hubo una violación de derechos humanos, la entidad recomendada admita la recomendación, particularmente porque de no hacerlo se están transgrediendo derechos de las víctimas que han quedado acreditadas en la recomendación”, expresó Matzumoto Benítez.

La negativa de las dependencias públicas a acatar las recomendaciones no solo impacta a nivel administrativo, sino que prolonga el sufrimiento de las víctimas. 

“Más allá, por ejemplo, de una compensación que es solo una de las tantas medidas reparatorias, la posibilidad de acceder a herramientas que les permitan salir de ese estado victimal, porque las reparaciones ese es el objetivo, dar herramientas para que las víctimas puedan superar ese estado y retomar su proyecto de vida que es lo deseable para todas las víctimas”, subrayó la presidenta de la CEDH