Xalapa, Ver.— Extrabajadores del Congreso del Estado de Veracruz acudieron al Palacio Legislativo para exigir una audiencia con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, señalado por presuntamente tener la intención de otorgarles bases a empleados y empleadas de su equipo.

Se trata de 10 extrabajadores que fueron despedidos en la LXIV Legislatura, quienes señalaron que desde mediados de 2022 obtuvieron a su favor una sentencia de la Mesa Cuarta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que el Congreso del Estado los reinstale y pague sus salarios caídos.

De acuerdo con Doris Garcia, una de las afectadas, la actual legislatura se niega a acatar el resolutivo a pesar de que desde 2022 debió prever en los presupuestos sus salarios y su recontratación. 

“Tenemos la sentencia y el documento que ya se presentó ante el jurídico y por lo cual la respuesta que nos dieron es que no estaban enterados y dijeron que no tienen el presupuesto para los 10 trabajadores que estamos pidiendo nuestra reinstalación”, dijo. 

Los inconformes aseguraron que la actual legislatura ya estaba al tanto de la situación, puesto que el incidente de liquidación se promovió desde agosto de 2022, de ahí que debían de prever el presupuesto para cubrir esta situación.

Además de que a través de medios de comunicación se enteraron de que el actual presidente de la JUCOPO pretende basificar a empleadas que son afines al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que hicieron un exhorto a que sean recibidos y atendidos. 

La extrabajadora Doris García detalló que el expediente en el que obtuvieron la sentencia a favor es el 1175/2017 de la Mesa Cuarta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, por ello, insisten en que únicamente resta acatar el resolutivo.

Los extrabajadores se presentaron durante la conmemoración del Día de las Madres, requiriendo una reunión al presidente de la JUCOPO, Juan Javier Gómez Cazarín, como a la presidenta de la Mesa Directiva, Adriana Esther Martínez Sánchez.

Lamentaron que actualmente el Congreso ofrezca pláticas conciliatorias y la firma de actas, lo que no es necesario debido a que ya concluyó la etapa de conciliación y ahora debe de comenzar la de ejecución de la sentencia.

“Salimos del 2017, en julio de este año cumplimos 7 años fuera (…), ya llevábamos más de 10 años laborando, algunos más, hasta 15 años”, refirió Doris García.

Además, recordaron que el Congreso es la institución en donde se crean las leyes, de ahí que también deberían de ser los primeros en cumplirlas por parte de los diputados y administrativos.

“Nos sacaron en la LXIV Legislatura de mayoría panista, con Sergio Hernández. Fuimos 110 los despedidos injustificadamente, según por estudios socioeconómicos, pero en ningún momento mostraron esos estudios.

Las personas que nos corrieron, sin representantes jurídicos ni de recursos humanos, eran unos abogados que nos dijeron que estábamos despedidos”, concluyó.