Veracruz, Ver.- Miguel Ángel Llinas González, de la Agrupación Soy Humano AC, urgió al Congreso del Estado de Veracruz homologar la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados que prohíbe las terapias de conversión también llamadas ECOSIG, y establece sanciones de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

“Con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones, el Pleno aprobó, en lo general, la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud”, informó la Cámara Baja mediante un comunicado difundido el pasado viernes 22d de marzo en la red social X.

Las terapias de conversión o ECOSIG son aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tienen por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional que atenten contra la dignidad humana.

Antes de que la iniciativa entre en vigor, esta deberá regresar al Senado de la República para su respectivo análisis debido a que se hicieran algunas modificaciones.

Al respecto, el activista Miguel Llinas exigió a los diputados locales trabajar en el tema y homologar la iniciativa para que las sanciones también se apliquen en el estado de Veracruz.

“Venimos a exigirle a la legislatura local que se homologue la ley dictaminada en lo nacional respecto a las terapias de conversión. En Veracruz existía ya previamente una iniciativa desde hace dos años en este tema, pero sigue congelada y ahora que ya se dictaminó en lo federal creemos que es importante que la legislatura local lo tome como una prioridad para poder seguir protegiendo la dignidad y los derechos humanos de todas las personas que son sometidas a este tipo de terapias correctivas a su identidad de género, expresión de género o preferencia sexual”.

Denunció que este tipo de prácticas que vulneran los derechos de las y los ciudadanos, se siguen llevando a cabo en la entidad veracruzana aunque no se denuncian porque las víctimas muchas veces son menores de edad.

“En Veracruz existen muchos casos que no son denunciados, principalmente porque se trata de menores de edad que están bajo la tutela de sus padres y desgraciadamente no pueden acudir a denunciar, creemos sumamente importante que se haga algo por parte de la legislatura y seguir dando el mensaje a todos los grupos conservadores y religiosos de que este tipo de hechos ahora ya son un delito tipificado y serían acreedores a sanciones y multas cuantiosas si llegan a realizarlos”.