Xalapa, Ver.- Cuitláhuac García Jiménez y otros 22 gobernadores de la república mexicana emitieron un pronunciamiento en el que pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no eliminen la figura de la prisión preventiva oficiosa.

El pronunciamiento está firmado por los gobernadores de Zacatecas, Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán, entre otros mandatarios estatales de Morena, quienes mostraron su desacuerdo por el análisis que la Corte realizará para determinar la constitucionalidad de la prisión preventiva.

La exigencia colectiva se debe a que, en otros estados, sobre todo del norte del país, los ministros ya eliminaron la prisión preventiva, razón por la que los gobernadores temen que la acción se repita en Veracruz, donde gobierna Cuitláhuac García.

“Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables”, señalaron. 

Los gobernadores de la llamada Cuarta Transformación pidieron a las y los ministros considerar el principio de supremacía constitucional atendiendo siempre los derechos de las víctimas del delito.

En sus redes sociales, Cuitláhuac García Jiménez señaló que la decisión impactará en la seguridad pública del estado de Veracruz, ya que, hasta ahora, con la figura de la prisión preventiva se garantiza un proceso penal debidamente tratado y argumentado. 

“Se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables; tema fundamental en la vida jurídico-política de nuestro país y de protección a su soberanía constitucional”, publicó.

Quienes firman el documento manifestaron que la figura de prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas, procurar que el responsable no quede impune y asegurar que sean reparados los daños.

Afirmaron que la restricción que se pretende declarar inconstitucional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que, en su momento, fueron considerados graves, al agregar que el procedimiento para modificar o enmendar el contenido de la Constitución Mexicana requiere la aprobación del Congreso de la Unión y de más de la mitad de los congresos estatales, como establece el Artículo 135, del cual también piden observancia estricta.

Se espera que en los próximos días la SCJN vote a favor de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. Anteriormente, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que, según la votación de los ministros, podría solicitar al Congreso de la Unión un juicio político en contra de quienes aprueben la eliminación de la figura.