Veracruz, Veracruz.- Luego de las declaraciones del presidente de la Coparmex en Xalapa, Juan Carlos Díaz Morante, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez Cortés afirmó que se trata de un tema político.

Esta afirmacón se da luego de que el presidente de la Coparmex señalara que algunas empresas de sus socios les aplicaron altas multas por la PMA, a pesar de considerar que no está regulado el tema de las multas ni muy clara la normativa.

El titular de la PMA insistió que son “campañas de desprestigio” en su contra y no precisamente un tema legal.

Acusó a Díaz Morante de iniciar una campaña de ataques contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2012.

Incluso afirmó que es afín a Xóchitl Gálvez y Claudio X. González; a quien el gobierno de la 4T considera acérrimos enemigos.

“Ahora defiende un negocio cuyo representante es un familiar que no tiene manifiesto de impacto ambiental ni otra serie de permisos”, expresó.

El procurador de Medio Ambiente afirmó que no le dará trato especial a ningún empresario, por lo que al aplicarse la multa comenzó la campaña de desprestigio en contra de la PMA en la que también se han visto involucrados otros empresarios.

Rodríguez Cortés indicó que algunos empresarios miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz desmintieron al dirigente de la Coparmex.

“Nuestros procedimientos tienen un expediente con todas las consideraciones de ley, con los tiempos para presentar permisos y solventar las observaciones de inspección; es decir, no nos hemos excedido, pero no podemos permitir ilegalidades; por eso es la molestia y ha crecido el problema”, comentó.

Expresó que en el caso específico de la empresa en donde el representante legal es un familiar del presidente de la Coparmex Xalapa, la Secretaría de Medio Ambiente turnó el expediente que se generó debido a que no contaban con los manifiestos de impacto ambiental.

“Ojalá haga consciencia de que no es con esos actos como se resuelven los problemas, sino atendiendo las recomendaciones de la autoridad”, afirmó.

Señaló que no contar con los manifiestos de impacto ambiental implica que la empresa ha generado afectaciones y es acreedora a sanciones.

En caso de que no paguen las sanciones económicas entonces la empresa podría ser clausurada de forma definitiva.