Tecolutla, Ver.— Empresarios y prestadores de servicios turísticos de Tecolutla reprobaron el plantón que se instaló desde la tarde del pasado lunes 16 de octubre en la entrada de la cabecera municipal, pues consideraron que afecta la economía del pueblo por impedir el paso al turismo.

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Así lo aseveró el presidente del Consejo de Empresas y Desarrollo Turístico de Tecolutla, Juan Carlos Becerra Russi, organización que une a restauranteros, hoteleros, lancheros y prestadores de servicios turísticos del municipio. 

El presidente del consejo lamentó lo ocurrido al restaurante Panchita 2, saqueado presuntamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y de la Marina el pasado domingo 15 de octubre, por lo que pidió la intervención del Gobierno del Estado.

Los empresarios pidieron que el Gobierno del Estado encabezado por Cuitláhuac García Jiménez aplique el Mando Único en Tecolutla y desaparezca a la Policía Municipal, mientras se aclara la situación y se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. 

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Insistieron en que no apoyan acciones que afecten más al pueblo, como el cierre al municipio, ya que las familias dependen del turismo, por lo que lo único que quiere la ciudadanía es que se respeten los derechos humanos de la población.

Lamentaron que a través de páginas anónimas se esté incentivando a que no vaya el turismo, solo afecta más a un lugar donde el 90 por ciento de los habitantes subsiste de la actividad turística. 

LA POBLACIÓN TAMPOCO ESTÁ DE ACUERDO 

En redes sociales, usuarios acusaron a la alcaldesa Gabriela Valdez Santes de estar detrás de la convocatoria del cierre de Tecolutla, realizado por un pequeño número de ciudadanos, debido a los señalamientos que recibió por parte del Gobierno del Estado sobre que su administración podría tener nexos con el crimen organizado.

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Ciudadanos como Perla García criticaron que afecten a la gente trabajadora que tiene que desplazarse todos los días al municipio vecino de Gutiérrez Zamora, ya que el pasado lunes caminaron por la carretera Gutiérrez Zamora-Tecolutla para poder regresar a sus viviendas. 

“Acuérdense que se pueden manifestar, pero sin dañar los derechos de terceros, pobre gente que viene de Zamora, del trabajo o de las compras, qué culpa tienen y se tendrán que mojar por culpa de unos cuantos”, comentó Carlos Mercado del Ángel. 

“Solo espantan al turismo, el que nada debe, nada teme”, expresó Daniel Vidal. 

 “…  ya días que han subido videos y todo y porque ella no sale a defender su pueblo, porque la gente en vez de exigir al gobernador porque no le exigen a la presidenta???

No sean ignorante ciudadanos, mejor exíjanle a su presidenta que de la cara (…) y que ponga un alto, así como dijo en su campaña que daría seguridad a su pueblo, pues que lo cumpla, no que está de la chingada la seguridad y nomás quieren hacerse ricos sus bolsillos (sic)”, aseveró José Santiago. 

ADMINISTRACIÓN LIGADA A LA DELINCUENCIA

Desde el pasado 11 de octubre, día en que ocurrió el asesinado del exalcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monje Morales, la administración de Gabriela Valdez Santes fue acusada en dos ocasiones de poder estar vinculada a la delincuencia. 

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La primera, realizada por el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, quien declaró a los medios de comunicación que tenían información de que la administración municipal de Tecolutla podría tener vínculos con temas no muy claros, esto al ser cuestionado sobre el homicidio del exalcalde zamoreño. 

La segunda ocasión fue el lunes 16 de octubre, cuando el gobernador de estado, Cuitláhuac García Jiménez, acusó a la Policía Municipal de Tecolutla de obstruir en las investigaciones que se llevan a cabo en Gutiérrez Zamora por el homicidio de Wilman Monje Morales e incluso dijo que llamarán a la alcaldesa para saber lo que pasa. 

Negó que los operativos realizados por la SSP y Marina sean enfocados a la población en general, pero ante las denuncias de empresarios sobre abuso de autoridad, dijo que pedirá a Contraloría Interna que esté al pendiente de que los operativos sean apegados a la legalidad.