Xalapa, Veracruz.- Por la presunta falsificación de documentos que se utilizaron para comprobar gastos de las cuentas públicas desde hace seis años, diez empresas consultoras fueron inhabilitadas informó el diputado Ramón Díaz Ávila, integrante de la Comisión de Vigilancia en la 66 Legislatura de Veracruz.

“En la Comisión de Vigilancia hay pruebas de algunos despachos que han estado haciendo un mal trabajo, donde falsifican información y esos despachos también deberían de estar acusados como están algunos alcaldes de años anteriores”.

De acuerdo con el diputado local, estos despachos fueron cancelados para continuar con sus funciones desde el año 2017: no lograron solventar ni comprobar las observaciones marcadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). El diputado también informó que se procedió de manera legal en contra de ellos.

"Se les ha quitado la concesión a más de diez despachos en los últimos años, al ser descubiertas que falsearon datos “queriendo engañar al mismo Orfis”, explicó la mañana de este martes 03 de octubre durante la entrevista en la ciudad de Xalapa, la capital del estado de Veracruz.

Los documentos que falsificaron eran de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV); autorizaciones de Protección Civil (PC), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

“Y al final cuando se hace una auditoria interna sobre los documentos, sale que eran falsos y a todos esos despachos se les quitó los permisos”.

Las empresas le trabajaban a varios ayuntamientos de la entidad veracruzana; además, Ramón Díaz Ávila, consideró necesario que el Orfis presente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.

El siguiente proceso que le corresponderá a la Comisión de Vigilancia del Congreso Local es acudir a la FGE para verificar el estado que guardan las más de 125 denuncias penales que hizo el Orfis y se abran las carpetas de investigación

“Y podamos ver si estos exfuncionarios públicos tiene delito con lo cual amerite cárcel o reposición de daños”.

Para finalizar informó que al haber quedado inhabilitados los diez despachos, se vigila que ninguno de los socios actué o preste servicios por el mismo ramo, en tanto se llevan a cabo los procesos legales contra los Ayuntamientos.