Boca del Río, Ver.- La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) descubrió un establecimiento comercial de plaza Mocambo del municipio de Boca del Río que se dedica a la venta ilegal de certificados holográficos vehiculares. 

Personal de la dependencia realizó un operativo en un local de la plaza comercial. Se trató de una empresa gestora de trámites vehiculares que se hace llamar Movilízate. 

Teodoro Bravo Gabriel, jefe del departamento del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, fue el encargado de ejecutar la diligencia la tarde de este jueves 31 de agosto. 

"Invitar a la ciudadanía a que no caiga en ese tipo de fraudes, me gustaría que desde la Sedema se diera el mensaje a través de ustedes (medios de comunicación) para que la ciudadanía entienda y pues que le debe dar valor a sus bienes y no de esta forma comprando ilegalmente a través de páginas de Internet". 

Informó que la empresa tenía en su poder varios certificados holográficos para la venta, algo que es irregular porque este tipo de documentos se expiden y se venden desde los más de 220 verificentros autorizados por Gobierno del Estado. 

Incluso recordó que para que el vehículo de un automovilista reciba su certificado holográfico primero debe pasar la prueba de verificación vehicular. 

"Estamos solicitando (a Movilízate) el total de los certificados holográficos, tienen en su poder otros más. El objetivo es retirarlos porque esto es un papel oficial y le pertenece a la Sedema". 

Indicó que los centros de verificación están obligados a pegar el holograma en el parabrisas del vehículo que pasó la prueba. La papeleta se la tienen que entregar al conductor. 

Sin embargo, se detectó que Movilízate tenía en su poder varios certificados holográficos íntegros (holograma y papeleta), lo que hace suponer que existe contubernio con algún centro de verificación que fue el que se las entregó. 

Ante los hechos, la Sedema abrió un proceso administrativo para detectar cuál fue el verificentro que está detrás de todo, dijo Teodoro Bravo Gabriel. 

Precisó que las consecuencias podrían ser desde multas económicas contra el verificentro responsable, hasta el retiro de la concesión o incluso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).