Xalapa, Ver. – Diferentes organizaciones civiles como: la Unión Nacional de Padres de Familia, la Alianza de Maestros, y el Frente Nacional por la Familia, denunciaron, una vez más, el desacato del Gobierno Federal y Estatal a la resolución judicial de suspender la publicación y distribución de los libros de texto de educación básica.

A través de un comunicado señalaron que las autoridades estatales y federales incumplieron con lo dispuesto en el artículo 3º Constitucional de la Ley General de Educación y el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública en relación al amparo interpuesto por la Unión Nacional de Padres de Familia.

“Hacemos un llamado al Gobernador de Veracruz y a su Secretario de Educación, para que respeten la ley y detengan la distribución de los libros de texto. Exigimos libros de texto cuya elaboración y diseño respete la normatividad establecida. Exigimos contenidos de calidad, acordes a las demandas de la modernidad y la actualidad, con la participación de expertos mexicanos de reconocido prestigio” señala el documento.

Los quejosos precisaron que, al descartar las disciplinas de desarrollo fundamental, se limita el grado de comprensión y razonamiento con respecto de los demás contenidos, y agregaron que inspirarse en el pensamiento de un pedagogo brasileño para el “nuevo modelo de enseñanza” en México, no es la mejor opción.

 En su desplegado señalaron que la ley establece que los libros de texto deben ser acordes a los planes de estudios vigentes, condición que no se cumple.

Añadieron que existe desorganización, ya que las autoridades federales declararon que “en unos días”, se publicarán los nuevos planes de estudios para adecuarlos a los libros de texto, a escasos días del inicio del nuevo ciclo escolar. Los inconformes señalaron que la planta docente no ha tenido la difusión y capacitación adecuada. Además, manifestaron que su trabajo es improvisado y violatorio de los procedimientos establecidos.

La Unión Nacional de Padres de Familia presentó un amparo respecto de los contenidos integrados en los libros de texto, y en mayo pasado la jueza tercera de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión para detener la impresión de las herramientas educativas y emplazó a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a cumplir con la resolución que ordenaba revisar el contenido del material educativo.

Sin embargo, el gobierno federal ignoró esta disposición judicial y continuó con la impresión y distribución de los libros. En Veracruz por lo menos el 80 por ciento de los libros ya fueron distribuidos