Coatzacoalcos, Ver.- La presidenta de la Junta de Conciliación Federal número 38 de Coatzacoalcos, Sandra Irma González Peniche, es señalada de actos de corrupción y discriminación  por decirle a las personas que “apestan a pobre”.

Con el respaldo de usuarios, el abogado laborista Fausto Vicente Torres Pérez dio a conocer las injusticias que viven un grupo de adultos mayores que fueron despedidos en 2014 por Seylu del Istmo S.A de C.V. Además de la lucha que mantienen contra la empresa, son víctimas de discriminación.

Son 12 personas que mantienen un proceso en esta Junta de Conciliación y solo reciben largas, pues sus expedientes los dan por “perdidos” para evitar que avancen, señalaron. Incluso, dos de los afectados ya murieron.

“Se interpuso una demanda en 2014 por despido injustificado, en virtud que no había avances ellos intentaron comunicarse de forma personal con la presidenta y en las diversas ocasiones la secretaria les indicó que para poder pasar tenían que agendar una cita, que iban desfasadas en un mes, así lo hicieron, eran 12, en el trayecto fallecieron dos; cuando tocó su cita les dijeron que solo pasara uno porque apestaban a pobres”, explicó el abogado. 

Los trabajadores optaron por interponer una denuncia el pasado 11 de mayo ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la presidenta de la Junta de Conciliación por los delitos que resulte responsable, por desacato a un mandamiento de una autoridad federal y discriminación.

El abogado insistió que existe una red de corrupción y graves mafias entre abogados con la presidenta. Además, dijo que su asunto data desde 2014 y que para que camine promovieron juicios de amparo para agilizar que la autoridad federal dicte resolución, sin embargo, aseguraron que todos están coludidos. 

Torres Pérez expuso que la presidenta acaba de recibir un premio por su labor, cuando la junta que encabeza es la que tiene más expedientes rezagados en Coatzacoalcos. Además, declaró que aunque los autos del juicio laboral ya estaban preparados para sentencia, tuvieron que acudir a solicitar la protección constitucional ante el juez federal, pero todos tienen relación con ella y finalmente le otorgan facilidades para que siga operando de esta manera. 

“Ya cambiaron el juez y la nueva ha sido condescendiente para no dar la sentencia, Sandra Irma lleva más de 5 requerimientos sin recibir la multa de 100 veces el salario mínimo, por eso denunciamos ante la FGR por el artículo 267 que puede deshabilitar la función y mandar a la cárcel al servidor público que incumpla una sentencia o no la haga cumplir como está ocurriendo aquí”, indicó.

Los extrabajadores de Saylu del Istmo fueron empleados por dos años en la reconfiguración de la Refinería de Minatitlán. Fueron despedidos injustificadamente y llevan años con su proceso. Al quedar al descubierto lo que presuntamente se vive en la junta, esperan que la autoridad pertinente tome cartas en el asunto, porque además de corrupción presuntamente se esconden expedientes laborales para que no se realicen las audiencias.