Xalapa, Veracruz.- El coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Veracruz, Iván Luna Landa, explicó que esperan los acuerdos de la Cámara de Diputados con los congresos locales en materia a la “Ley General de Comunicación Social (LGCS)”.

“Se reformó nuevamente, sólo que se pongan de acuerdo y nosotros nos adecuamos; pues a todos nos causa cambios, pero lo que diga el Congreso Federal y Local está bien y nos acatamos”.

La modificación a la Ley de Comunicación Social propone delimitar el gasto del programa anual que se destina a la publicidad oficial. El 7 de diciembre de 2022 fue aprobada por mayoría de votos en la cámara de diputados la reforma a la ley, así como parte del paquete de reformas electorales.

Esta nueva modificación es al último párrafo del artículo 26 , para establecer que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del programa anual de comunicación Social.

Los principios a que hace referencia la LGCS para la aplicación de gasto público en propaganda gubernamental son, entre otros, de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria.

El martes 25 de abril de este 2023,con 92 votos a favor, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto y el poder legislativo federal eliminó  el límite de 0.1% que establece la ley vigente para dicho gasto.

“Se ha reformado varias veces en los últimos años y no logran un consenso; ahorita se volvió a reformar y nos tienen en los estados y congresos reformando y reformando; al final la que quede a esa nos tenemos que apegar”, expuso el Coordinador de Comunicación Social en Veracruz.

Los principios a las que hace referencia la LGCS para la aplicación de gasto público en propaganda gubernamental son desde la austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria, entre otros.

La finalidad es evitar que se paguen precios superiores a los que pagan los anunciantes privados, se establece que deberán tomarse como referencia las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vinculadas al principio de finalidad que comprende el beneficio informativo a la sociedad.