Fotografía ilustrativa

Xalapa, Ver.- Karla abortó desde la casa de una amiga con apoyo de mujeres que le dieron acompañamiento virtual debido a que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le negaron el procedimiento pese a que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Veracruz hasta las 12 semanas de gestación.

La joven, de 23 años, se practicó un aborto en enero de 2023 con pastillas mifepristona y misoprostol, sola y desde la clandestinidad, como lo hacían decenas de mujeres antes de julio de 2021, fecha en que el Congreso de Veracruz aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Poco cambió con las modificaciones al Código Civil del estado de Veracruz: a un año y ocho meses de que la interrupción voluntaria del embarazo sea permitida por las leyes veracruzanas, las mujeres siguen abortando desde la clandestinidad.

Colectivas feministas como Marea Verde Altas Montañas denuncian que el personal de la Secretaría de Salud de Veracruz se niega a practicar abortos o simplemente no brindan el asesoramiento que establece el Programa Estatal de Violencia de Género y Aborto Seguro, en el que se establece la ruta que Servicios de Salud debe dar a las mujeres que soliciten la ILE.

Para las mujeres que son derechohabientes del sistema IMSS o del ISSTE, la situación es peor. Los argumentos de los médicos es que ellos no están obligados a practicar abortos debido a que trabajaban en instituciones federales y la ILE no está contemplada en el Código Penal federal.

Cuando Karla quiso interrumpir su embarazo, apenas tenía seis semanas de gestación, es decir, su decisión estaba dentro del marco legal en Veracruz para acceder a una ILE, pero al llegar a la clínica 11 del IMSS, en la ciudad de Xalapa, el personal de salud le negó el servicio.

“Llegué yo sola, porque es obvio que para estos casos una no quiere que se enteren porque la gente juzga, pero al llegar ahí la primera persona a la que me acerqué a preguntar me dijo que ahí no se hacía, que, al contrario, en ese hospital atendían nacimientos, como juzgándome por mi decisión. Luego, otra doctora me dijo que no, que en los IMSS no, que ellos tenían otras instrucciones, que solo en casos de violación”, narra Karla.

La joven buscó entonces otras opciones para interrumpir su embarazo. Aunque en la ciudad de Xalapa existen clínicas particulares que te ofrecen el servicio con el acompañamiento de personal de salud, los precios estaban fuera de su presupuesto, así que la opción más económica y viable para ella fue buscar una red de mujeres que apoyan a otras con la asesoría y, en ocasiones, con las pastillas para abortar.

MUJERES TEJEN REDES PARA BUSCAR AMPAROS FEDERALES

Equifonía, una de las organizaciones civiles que trabajó para que en Veracruz fuera declarada de la segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) porque las leyes veracruzanas violaban los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, realizó una técnica simulada en las que usuarias solicitaron el servicio en clínicas del IMSS.

Los casos fueron atendidos por el personal de salud de maneras diferentes, por lo que las activistas que integran Equifonía, señalan que el personal de salud del IMSS desconoce los protocolos para brindar el servicio en Veracruz.

“Nosotras realizamos una técnica de usuaria simulada para saber cómo estaban dando la atención y lo que se nos refirió fue que en una atención se le dio la orientación correspondiente y, en otra, totalmente se le dijo ‘aquí no se hace, aquí no se realizan este tipo de procedimiento si la vida de la madre está en riesgo’. Eso nos hace inferir que no hay  una atención  homogenizada, no hay parámetros aún cuando existe un lineamiento a nivel federal”, indicó Adriana Fuentes Manzo, abogada y coordinadora de Equifonía.

De acuerdo con Adriana Fuentes, el IMSS es regido por leyes federales y su personal está obligado a dar orientación a las mujeres, así como atender casos de urgencia, aunque las mujeres sean derechohabientes o no.

Equifonía y otras organizaciones civiles se reunieron con la encargada del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, Karl Berdichevsky, en 2022. En aquel entonces, la funcionaria se comprometió a que en el protocolo nacional de atención al aborto se incorporaría el IMSS, pero la promesa no se concreta hasta el momento.

“Ella nos adelantaba que el protocolo, este lineamiento técnico de aborto seguro, ahora se estaba haciendo la incorporación también del IMSS, entonces en esta nueva edición está contemplada la atención en el IMSSS. Si no es derechohabiente, como primer filtro, harán la canalización, en casos de urgencia la institución debe atenderla”, expresó.

La colectiva Marea Verde Altas Montañas, lecxiur Figueroa & asociados y AbortistasMX buscan a usuarias del ISSSTE e IMSS para interponer amparos que sienten un precedente en materia legal para que se garanticen los derechos sexuales de las mujeres.

Con una colecta de firmas de derechohabientes interpondrán demandas de amparo contra estas dos instituciones de salud, pues las colectivas registras más casos similares al de Karla, sobre usuarias a las que les niegan el servicio de Interrupción Legal del Embarazo en el estado de Veracruz.

La negativa es una situación que se repite a nivel nacional en todos los estados donde el aborto ya fue aprobado en los códigos penales locales hasta las 12 semanas de gestación, porque en el Código Penal federal la interrupción voluntaria del embarazo aún es un delito.

“Solicitando que se adecúen sus protocolos, que permiten interrumpir el embarazo, tal y como ya ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que criminalizar a las mujeres por interrumpir el embarazo no puede ser posible y que no se puede negar este servicio porque es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que están reconocido por el Estado mexicano”, añadió Luz María Reyes Huerta, integrante de la Colectiva Marea Verde Altas Montañas.