La reforma para modificar el delito de ultrajes a la autoridad, que presentó el gobernador Cuitláhuac García en marzo de 2021, tenía buena intención, pero se ha abusado de la figura y se deja en la indefensión a los ciudadanos, coincidieron diputados locales.

Los legisladores, entrevistados por E-Consulta Veracruz, aseguraron que están dispuestos a cambiar o derogar la numeral 331 del código penal vigente en Veracruz, aunque destacaron que se requiere de la voluntad política de la mayoría en el congreso que pertenece a Morena.

El delito de ultrajes se reclasificó como grave el 11 marzo del 2021. El trabajo que realizó la 65 legislatura, con mayoría de Morena, ha generado críticas de abogados, las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de organizaciones no gubernamentales.

Los cambios a la ley, que pasaron desapercibidos por algunos diputados que reconocieron en su momento no haber leído lo que votaron, han provocado que en la CNDH emitiera una recomendación al gobierno de Veracruz (146/2021) e hizo voltear senadores que crearon una comisión para revisar presuntos abusos de las autoridades.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la acción de inconstitucionalidad 59/2021 que presentaron diputados de la pasada cámara.

 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2021-04-12/MP_AccInconst-59-2021.pdf

 

Este medio buscó a los diputados de Morena: Juan Javier Gómez Cazarín, Antonio Luna Rosales, así como a Paul Martínez Marie para conocer la posibilidad de reformar o derogar el delito de ultrajes, luego de que el gobernador Cuitláhuac García reconoció que toda ley es perfectible, sin embargo, no se atendió la petición.

 

Oposición y aliados reconocen que es necesario actuar

El 15 de diciembre de 2021, el diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó una reforma para derogar la segunda fracción del artículo 331 del código penal, por considerar que deja en la indefensión a los ciudadanos.

 

 

Al menos 17 asociaciones de abogados ya pidieron públicamente que se derogue el delito, y el petista, partido que compitió en alianza con Morena, reconoció que se han generado abusos contra la ciudadanía, por lo que es necesario que el Congreso actúe.

La reforma original que presentó Cuitláhuac García, dijo, tenía buena intención, pero los cambios permiten a los servidores públicos tener ventaja sobre el ciudadano, tres a uno. Denuncia un policía, la Fiscalía, imputa el delito, y el Juez, es quien toma la decisión, “es la palabra de una persona contra tres servidores públicos”.

Si bien, sostuvo en meses pasados, hasta entonces no se había emitido una sentencia de siete años contra un ciudadano, cada semana hay más personas detenidas por ultrajar a la autoridad.

 

MC espera respuesta de la Suprema Corte

En el mes de abril, varios partidos políticos presentaron una acción de inconstitucionalidad, recordó la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, con la idea de vetar los cambios al código penal.

 

 

El partido naranja, único que voto en contra en la 65 legislatura, comentó que será difícil que la mayoría de Morena presente un dictamen ante el pleno, por lo que sólo queda esperar a que los ministros ratifiquen la inconstitucionalidad del artículo, que ya se decretó en otras entidades.

 

“El objetivo de la iniciativa fue bueno, para proteger a los policías del crimen organizado, pero se ha ido pervirtiendo, se han hechos las cosas mal y se ha utilizado para cosas que no deben ser, entonces es momento de tomar cartas en el asunto y dictaminar las propuestas que se tiene en comisiones”.

 

Al derogar o reformar la ley, las personas que han sido detenidas recobrarían su libertad, pues la fiscalía ya no tendría de qué imputarlo o se tendría que variar el motivo de la detención, planteó la legisladora, luego de que abogados alertaron que al mes se detienen a poco más de 800 personas por ultrajar a la autoridad.

 

Policías usan el delito para infundir miedo: PAN

Miguel Hermida Copado, integrante de la fracción de Acción Nacional, confirmó que en 16 de las 32 entidades federativas existe el delito de ultrajes a pesar de que la SCJN lo declaró inconstitucional.

 

 

En otros 12 no está vigente, y en cuatro ya fue derogado, tal es el caso de Chihuahua, Ciudad de México, Quintana Roo y Morelos.

 

“Lo que está sucediendo en Veracruz es que el delito permite al gobierno del Estado y a la Fiscalía usar la fuerza pública de forma desmedida. En Veracruz se impone una sanción de hasta siete años (…) es peligroso y agresivo (contra la ciudadanía)”.

 

El panista planteó que el delito se debe derogar, o en todo caso dejar la penalidad de dos meses a seis años, pues resulta un absurdo que por discutir con un policía una persona puede ser encarcelado por años.

Si se quiere defender a los policías, como se argumentó, hay otros delitos que se podrían configurar; ultrajes a la autoridad les da poder a los policías, “si antes les teníamos miedo, imagínense ahora”.

 

PRI pide garantizar los derechos humanos de ciudadanos y policías

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del congreso local, Anilú Ingram Vallines, planteó que la ley es perfectible, y se tiene que garantizar los derechos humanos a la ciudadanía, así como a los elementos de la policía estatal, municipal o ministeriales.

 

 

“No perdamos de vista que a los cuerpos policiacos les corresponde hacer las detenciones, es quien remite a las personas detenidas, y en sus partes oficiales consigna a la fiscalía la presunta comisión del delito”.

 

Comentó que, si la mayoría de Morena no atiende las propuestas de derogar la ley, está vigente la acción de inconstitucionalidad 59/2021, que se presentó en abril del año pasado, la que podría obligar a revertir lo hecho por el Congreso de Veracruz.

 

La historia de la reforma

El 11 de marzo de 2021, el congreso aprobó y, el Ejecutivo publicó, la reforma al código penal en la Gaceta extraordinaria número 100, en el que se impulsaron diversos cambios que incluyen la reforma al artículo 331.

Ahí se establece que se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.

Y la pena se incrementa de cinco a siete años de prisión cuando se consideren las siguientes agravantes:

Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.

O que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

La publicación de los cambios generó reacciones de inmediato, pues diputados del PAN, PRD y Morena, así como Encuentro Solidario, entre otros, reconocieron que no habían leído la reforma completa.

Argumentaron que su voto se pidió a cambio de sancionar el cobro de piso y la extorsión, uno de los delitos con mayor incidencia en Veracruz.

 

Empieza la persecución por delito de ultrajes a la autoridad

Para el 13 de marzo, solo dos días después, se informó la detención de Rogelio Franco Castán, secretario de gobierno en el bienio de Miguel Ángel Yunes, a quien le había girado una orden de aprehensión, sin embargo, como tenían un amparo, la acusación que se le formuló fue por el delito de “ultrajes a la autoridad”.

Se le vinculó a proceso por haber agredido a un policía ministerial y romper su camisa con un costo de 350 pesos. Ese hecho generó malestar en la clase política, pues alertaron del riesgo que implicaba para la ciudadanía el simple hecho de insultar a un policía.

Para el 16 de marzo se dio la detención de Eduardo Cazares Sort de Sáenz, líder de Verificentros que se manifestó en las inmediaciones de la Secretaría del Medio Ambiente, contra la reforma que obligaba a pagar los hologramas de verificación vehicular ante la tesorería estatal. El adulto mayor fue detenido con lujo de violencia y jamás se resistió.

El 18 de mayo, policías estatales se llevaron a 13 maestros que se mantenían en un plantón en la SEV; para el 31 de mayo, aplicaron la misma estrategia para el desalojo de taxistas que se manifestaban en la avenida Chedraui Caram.

El ocho de septiembre habitantes del Castillo se manifestaron por el mal estado de la carretera Xalapa-Alto Lucero. En la movilización se detuvo a los líderes de los movimientos y fueron procesados por el cargo de ultrajes a la autoridad, al resistirse al desalojo.

Abogados de diferentes barras han explicado que al menos a la semana se dan hasta 800 detenciones por el delito de ultrajes a la autoridad. Plantearon que los policías usan el delito para encarcelar a personas inocentes.

 

Inicia la cruzada desde el Senado

El senador Ricardo Monreal alzó la voz para denunciar el caso de la detención de seis jóvenes, que se encontraban presos en el Penal de Pacho Viejo, por el delito de ultrajes a la autoridad. Acusó que la figura legal se usaba para encarcelar inocentes.

 

 

Desde esa fecha publicó varios videos, y visitó la entidad, para denunciar las irregularidades en el proceso que se les inició a los jóvenes que fueron detenidos en la Plaza el Tejar el tres de septiembre y que lograron su libertad en diciembre del 2021.

Para el 24 de noviembre personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acudió al penal para integrar una queja que derivó en la recomendación 146/2021 que se emitió el 21 de diciembre, menos de un mes después.

En la recomendación se pedía, además de una investigación y sanción a los policías que detuvieron a los jóvenes, que mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz, proponer, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La intención -se dijo- es prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa.