Desde el 11 de marzo de 2021, cuando diputados de la LXV Legislatura con mayoría morenista determinaron elevar las penas por el delito de ultrajes a la autoridad, en Veracruz han sido detenidas decenas de personas, entre políticos, líderes sociales y ciudadanos de a pie. Esta situación ha ocasionado “miedo” hasta de litigar, reconocen abogados.

Actualmente, personajes como Rogelio Franco Castán, exsecretario de gobierno en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares o servidores públicos en activo, siguen detenidos por presuntamente agredir a la autoridad, ministerial o preventiva.

 

 

La modificación al Código Penal y su concordancia con la Constitución derivó en dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podrían echar abajo la reforma, aunque todavía no hay fecha para ser analizadas y determinadas por los ministros, pese a que el máximo tribunal del país ya declaró inconstitucional dicho tipo penal desde 2016 en la Ciudad de México.

Actores políticos se han manifestado por esta situación al advertir un vacío de poder en la entidad. El caso más reciente fue el del senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

En palabras del abogado penalista Fidel Ordoñez, esta adecuación al código penal veracruzano ha permitido que los elementos aprehensores se excedan en el uso de la fuerza contra los detenidos y sus propios defensores.

 

“Da miedo litigar”, señala.

 

CASO ROGELIO FRANCO

Apenas dos días después de que entraran en vigor las penas por el delito de ultrajes a la autoridad, Rogelio Franco fue detenido.

Aunque se le ejecutaría una orden de aprehensión por violencia contra su expareja, el exdiputado y exsecretario de gobierno contaba con una suspensión vigente de un juez federal para evitar ser detenido.

Sin embargo, policías ministeriales lo detuvieron y posteriormente lo imputaron por romperle la camisa a uno de ellos, lo que le habría causado daños psicológicos y sirvió como argumento para encerrarlo y dictarle prisión preventiva oficiosa.

 

 

Aunque a Rogelio Franco se le han ejecutado al menos dos órdenes de aprehensión más por otros delitos, actores políticos principalmente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) han acusado que la detención tuvo fines político-partidistas. Franco Castán continúa preso y no pudo rendir protesta como diputado federal.

Otro perredista detenido es Gregorio Gómez Martínez, excandidato a la presidencia municipal de Tihuatlán, quien fue sustraído por elementos ministeriales de su negocio y presentado varias horas después como supuesto implicado en diversos delitos, entre ellos ultrajes a la autoridad.

Por esos hechos, una jueza de control le fijó un año de prisión preventiva y con ello se truncó su posibilidad de participar en el proceso electoral de junio pasado.

 

MANIFESTANTES DETENIDOS

En cuanto a los manifestantes que han sido detenidos, destacan Eduardo Mario “N”, quien fue remitido a juzgados de control unos días después de la vigencia del decreto que incrementaba las penas por ultrajes.

Al hombre, vocero de los concesionarios de verificentros en la entidad, se le detuvo cuando realizaba una manifestación a las afueras de la Secretaría de Medio Ambiente, ante las medidas que había anunciado el gobierno estatal de cobrar las verificaciones vehiculares por medio de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) poniendo en riesgo la fuente de trabajo de decenas de personas.

 

 

Otro líder de una manifestación que estuvo a punto de ser encarcelado fue un excandidato a diputado local por el partido Fuerza por México en Veracruz, quien “irracionalmente” según el gobierno estatal exigió la reparación de un puente que colapsó y paró la circulación vehicular en la carretera a El Castillo, en Xalapa, afectando a terceros.

La SSP detuvo a Francisco Xavier “N”, excandidato de Fuerza por México a la diputación local por Xalapa rural. Inicialmente, se le señaló de agredir a policías, aunque posteriormente fue puesto en libertad una vez que se disolvió la manifestación.

 

FUNCIONARIOS ACUSADOS DE ULTRAJES

Los servidores públicos en funciones tampoco se han librado de este delito: el director de la policía municipal de Tihuatlán, Marco Antonio San Martín Lara, fue detenido en septiembre pasado, luego que la SSP desarmara a la autoridad municipal y tomara el control de la seguridad.

 

 

Al respecto, la SPP no declaró las condiciones en las que se sustentó el hecho del que acusaron al exservidor público.

Igualmente, el director de Tránsito en Ciudad Mendoza, Enrique "N" fue detenido cuando se encontraba laborando en el interior de su oficina, también por el presunto delito de ultrajes a la autoridad.

Para este caso, la SSP aseguró que, al momento de ser abordado, además de resistirse, sacó una navaja con la que supuestamente hirió a uno de los elementos.

Pero no son los únicos casos. Después de los actores políticos, son principalmente los jóvenes los que han sido acusados de este delito.

Uno de ellos ya llegó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH): se trata de presuntas detenciones irregulares suscitadas a principios del mes en Coatepec, donde elementos de la SSP detuvieron a cerca de una veintena de personas, a las que acusaron de ir alcoholizados y de agredir a los policías.

Para indagar los hechos, se abrió el expediente de queja DOQ-0435/2021, con el que se determinará si hubo o no abusos de los elementos.

También se cuenta el caso de Raúl “N”, Adriana “N”, Itzel “N”, Gonzalo Rogelio “N”, Gabriel “N” y Edwin “N”, quienes presumiblemente fueron privados de su libertad en un estudio de tatuajes de Orizaba y luego presentados como responsables de ultrajes a la autoridad.

 

MONREAL POLEMIZA

Precisamente fue el caso de la detención de unos jóvenes, el que orillo que hace unos días el coordinador parlamentario de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, a lanzarse en contra de la Fiscalía y el Poder Judicial de Veracruz.

 

 

“En el caso de Veracruz a últimas fechas resulta extraño que un nuevo delito esté de moda. Precisamente un delito que tiene que ver con los ultrajes a la autoridad. Recientemente seis jóvenes fueron privados de su libertad por este delito. Está demostrado que estaban en una plaza comercial, los detuvieron, no opusieron resistencia y a los minutos o a la hora fueron acusados de que habían agredido con cuchillos a unos policías, lo que resulta totalmente falso… tienen tres meses privados de su libertad, sin que el juez de control haga algo por su liberación”, denunció el senador.

 

Hacemos un llamado al Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que se detenga la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas del innovador delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual implica prisión oficiosa. Desproporcionadas e injustificadas acciones. pic.twitter.com/vQmWmhQ9cz

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 20, 2021

 

El caso se refiere, de acuerdo con el propio legislador, a jóvenes cuya detención se llevó a cabo en una plaza comercial en septiembre de este año y que quedó documentada en videos, donde según sus dichos, no se ve que hayan agredido a los elementos.

Sin embargo, desde esa fecha están detenidos y su situación jurídica no termina de aclararse, por lo que Monreal acusó que en Veracruz se están fabricando delitos y se les ha “arruinado la vida”.

 

“Hacemos un llamado atento al Poder Judicial de Veracruz y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga en este asunto. Ojalá haya sensibilidad para que no se siga arruinando la vida de jóvenes o ciudadanos inocentes que son abusados por el poder público y que son gravemente lesionados en sus derechos humanos”, dijo en un video difundido en redes sociales.

 

ABOGADO ADVIERTE POR ABUSOS GRAVES

El abogado penalista Fidel Ordoñez advierte que el delito deja abierta la posibilidad de graves abusos de parte de elementos tanto de prevención como de aprehensión.

Al referirse a la detención de José Ramón “N” y Víctor “N”, abogados defensores de Gustavo “N”, diputado oaxaqueño detenido por ultrajes de Veracruz y al que se le siguen otros procesos penales, dijo que las autoridades han mentido en torno a las condiciones de la detención de estos defensores, derivando en un proceso irregular.

 

 

“Ahora va a resultar que, por defender a un cliente, los abogados vamos a estar pidiendo amparos para hacer nuestro trabajo y eso es completamente un absurdo”.

 

Afirmó que las autoridades de Veracruz pretenden enviar un mensaje de que solamente lo que hacen ellos y la FGE está bien hecho, con el que el derecho a una debida defensa se ve trastocada por esta situación.

 

“Da miedo entonces litigar, pero no nos debe dar miedo. Debemos estar claros y ciertos que, si en algún momento determinado se lleva una defensa, lo van a tratar a uno de agredir y atacar, no solamente el juez con su sentencia o el fiscal sino ahora va a intervenir Seguridad Pública sembrándonos cosas”, advierte.

 

Ordoñez dijo que los abogados están a la espera de que se resuelva la situación jurídica de sus colegas para manifestarse al respecto, pues al señalar que el gobierno de Veracruz anda “muy acelerado”, e insistió que es absurdo que ahora se pretenda atacar la labor de los defensores.

 

DELINCUENTES NO SE SALDRÁN CON LA SUYA

Sobre el tema, el gobernador Cuitláhuac García advirtió que se revisará el tipo penal, lo que no significa que los que son “auténticamente delincuentes se salgan con la suya”.

El gobernador, quien en su momento ha defendido de manera férrea la aplicación de la medida, desmintiendo que sea un represor, garantizó que quienes se sienten agraviados con el proceso que se les instruye, tienen derecho a presentar sus pruebas y apelaciones.

 

 

No obstante, afirmó que en el caso que acusó Monreal a nivel nacional, no hay una sola violación a los derechos humanos de ningún procesado.

Este lunes, luego de comparecer ante la Comisión de Gobernación del congreso del estado, el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, pidió a Monreal Ávila “voltear a ver” la situación de Zacatecas antes de lanzar críticas al Gobierno veracruzano.

 

“Nosotros respetamos mucho la opinión de todos los legisladores (…). Yo creo que más que voltear a Veracruz debe de voltear a Zacatecas que es su tierra natal, que es en donde hay muchísimas violaciones en todos los sentidos y muchísima violencia”.

 

El secretario negó que le moleste la crítica de Monreal Ávila sobre este tema, sin embargo, lo invitó a revisar la situación del Estado que representa en la Cámara alta:

 

“No me molesta, al contrario, la crítica nos enriquece. Yo creo que siempre es bueno revisar de dónde es uno y qué es lo que está pasando ahí (…) Invitaríamos a que revise, nosotros no opinamos de Zacatecas”, dijo.