El título de concesión del Grupo MAS, empresa privada que administra los servicios de agua potable en los municipios de Veracruz y Medellín, confrontó a legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), que en ambos casos coinciden en revocar el contrato.

En una conferencia de prensa encabezada por la diputada federal de Morena, Rosa María Hernández Espejo, conjunta con legisladores locales y regidores del puerto de Veracruz, se envió un exhorto a la presidenta municipal, Patricia Lobeira Rodríguez, para iniciar el trámite de revocación de la concesión al Grupo MAS.

La legisladora afirmó que el proceso debía ser iniciado por el cabildo de Veracruz y se había entregado una solicitud por escrito a todos sus integrantes, para votar por unanimidad la solicitud al Congreso del Estado para cancelar el contrato con la empresa privada.

Más tarde, la diputada federal del PAN, María Josefina Gamboa Torales, criticó la postura de los legisladores y ediles de Morena, al afirmar que pretendían politizar el tema y dar información que no era certera sobre el proceso para cancelar el contrato con la concesionaria del servicio de agua potable.

La diputada panista retó a los legisladores morenistas a acudir al Palacio de Gobierno, para presentar la solicitud al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de financiar la fianza para revocar el contrato a Grupo MAS.

Morena critica creación de Procuraduría Municipal del Agua

La alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, presentó este martes 4 de diciembre, la instalación de la Procuraduría de la Defensa de los Usuarios del Agua (Prodeagua), área que del ayuntamiento que atenderá la queja de usuarios por el mal servicio que ofrezca el Grupo MAS.

Sin embargo, la diputada federal por Morena, Rosa María Hernández Espejo afirmó que la iniciativa no resolverá el problema y, por el contrario, solo generará una mayor carga burocrática al gobierno municipal.

Hernández Espejo afirmó que existían al menos 10 puntos para sustentar la revocación del contrato a Grupo MAS, sin necesidad de pagar un solo peso de fianza; además, ofreció el respaldo de los diputados de Morena a la presidenta municipal.

"Por lo menos hay 10 puntos en donde fundamenta, no se ha cumplido la meta de inversión, no se ha atendido a la población en sus quejas, es un aumento en las tarifas, un exceso de explotación de los mantos freáticos, porque no se ha cumplido".

La diputada morenista fue apoyada en sus declaraciones por diputados locales de Morena y regidores del mismo partido en el ayuntamiento de Veracruz.

PAN lanza reto para que gobernador revoque contrato

Más tarde, la diputada federal, María Josefina Gamboa Torales, afirmó que la revocación del contrato de concesión al Grupo MAS se analizó en las últimas dos legislaturas locales y para lograr retirar el acuerdo con la empresa privada se requería pagar una fianza de 3 mil millones de pesos.

Acusó a los morenistas de politizar el tema y los retó a solicitar personalmente el apoyo financiero al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para pagar la cancelación del contrato con la empresa privada.

"Los reto a que juntos vayamos al Palacio de Gobierno, vamos a ver a Cuitláhuac García, ese sí ha pedido miles de millones de pesos y nadie sabe en qué se los gasta, los reto compañeros de Morena, los reto diputados de Morena, a que vayamos a ver a Cuitláhuac García a Palacio de Gobierno y ahí le pidamos que de los miles de millones de pesos que ha pedido prestado y con los que ha endeudado al estado de Veracruz (....), porque de ahí no le da al ayuntamiento de Veracruz para que pueda quitarse del lastre que es la concesión del Grupo MAS, que en eso sí estamos de acuerdo todos".

A las declaraciones de la diputada federal del PAN que lanzó en redes sociales se sumaron las de otros legisladores del mismo partido, que replicaron el mismo reto a los legisladores morenistas.

¿Qué es el Grupo MAS?

El Grupo MAS es la empresa privada a la que se otorgó el título de concesión para administrar los servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo. El contrato fue firmado en el 2016.

Desde que se otorgó el contrato causó controversia debido a que el periodo autorizado fue por 30 años, además de que uno de sus accionistas se identificó como Odebrecht Ambiental, subsidiaria de la empresa brasileña señalada en una trama de corrupción que alcanzó a varios gobiernos de países en América Latina.

Desde su operación, acumula más de mil expedientes por quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por supuestos abusos, suministrar agua de mala calidad y cobros excesivos.