Cuando asumió los servicios de agua potable hace cinco años, el Grupo MAS tenía como condición invertir siete mil millones de pesos para mejorar el sistema de saneamiento, eficiencia y calidad del agua en los municipios de Veracruz y Medellín, en los primeros 30 años de su concesión, de acuerdo con información detallada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

Sin embargo, de acuerdo con el propio organismo fiscalizador, así como por usuarios y el Sindicato Teniente José Azueta, el monto prometido nunca se cumplió. 

Entre los puntos que menciona la Gaceta Oficial Número 514, con fecha lunes 26 de diciembre de 2016 donde estipula las obligaciones y responsabilidades a las que está obligado a realizar al ganar la concesión están:

(a) Mejorar los niveles de eficiencia y calidad de los servicios concesionados de agua, alcantarillado y saneamiento. 

(b) Implementar soluciones empleando esquemas basados en experiencias probadas.

(c) Contar con alternativas de solución que permitan sanear al SAS en términos de lo dispuesto en las Bases y a lo establecido en la Propuesta del Socio-Inversionista.

 

 

 

Así como cubrir los laudos laborales con los ex trabajadores que fueron despedidos, hasta el momento no se cumplió ni la mitad de las condiciones que prometieron, aseguró Angélica Navarrete Mendoza, secretaria general del Sindicato teniente José Azueta.

Desde hace cinco años los miembros del sindicato y extrabajadores de la extinta empresa Sistema de Aguas y Saneamiento de Veracruz (SAS) al igual que muchos ciudadanos, mantienen la lucha para exigir cumplan con lo acordado o le quiten la concesión.

 

"Nunca quisieron respetar nuestros derechos, nunca quisieron respetar nuestro contrato colectivo de trabajo, nosotros siempre manifestamos que se respetaran nuestros derechos, nuestro contrato, ellos (Grupo MAS) decían que era demasiada gente, que era muy alto el contrato colectivo, pero solo eran pretextos, lo que ellos querían es que nosotros tomáramos una miseria de finiquito", aseguró Navarrete Mendoza.

 

Uno de los puntos a los que se comprometió Grupo MAS al ganar esta concesión fue a cubrir los adeudos que SAS tenía con sus trabajadores, así como garantizar el mantenimiento de la infraestructura, tal como lo indica el Acuerdo 1223/2015 del H. Órgano de Gobierno del SAS, de fecha 07 de septiembre de 2015.

 

 

Tras el incumplimiento, los trabajadores se respaldaron con demandas laborales, de reinstalación, de sustitución patronal, de violaciones al contrato y de revisiones, que aseguran las autoridades siguen sin notificar las demandas a las dos empresas responsables.

 

"Ellos hicieron otro sindicato, con otro dirigente sindical, sin trabajadores y a nosotros nos desconocen, pero eso no es lo importante para nosotros, para nosotros lo importante es que se respeten nuestros derechos, que regresen nuestro trabajo y que además nos paguen lo que nos quedaron debiendo", puntualizó la Angelica Navarrete.

 

La líder sindical aseguró que también se llevaron el fondo de ahorro que los trabajadores llevaban años acumulando, con un monto aproximado de 40 millones de pesos, fueron mil 280 personas que se quedaron sin trabajo, algunos próximos a jubilarse que llevaban años brindado sus servicios. Actualmente, solo quedan mil, pues con la pandemia de la covid y los años murieron, sin trabajo y sin dinero.

 

ALTAS TARIFAS Y AGUA DE MALA CALIDAD 

El 4 de septiembre a Dolores Roa Romero le cortaron el suministro de agua, empleados de la Empresa Grupo MAS llegaron a su casa y se llevaron toda la tubería, antes de eso había interpuesto una demanda que la amparaba hasta el 19 de octubre.

 

"Llegaron a las cinco de la mañana, sin tocar la puerta y rápido a romper la calle y al oír el ruido despertamos y bajamos, se habló con el encargado que iba al frente de Grupo MAS y nos dijo que él no sabía de leyes y que él solo iba a cortar", contó Dolores.

 

Desde entonces, la mujer de 70 años tiene que pedir agua a sus vecinos, pues en su casa viven otras dos personas de la tercera edad y un bebé que, requieren el líquido para realizar tareas como bañarse, lavar ropa o trastes.

 

 

La denuncia que interpuso ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fue por la mala calidad de agua y los altos costos en los recibos que desde hace meses llegan a su casa.

En mayo del año en curso tenía un adeudo de 10 mil 400 pesos, esa deuda actualmente subió a 44 mil pesos, "algo impagable", aseguró, pues ella pagaba anualmente 2 mil 90 pesos.

 

"No es que nos neguemos a pagar, pero queremos pagar algo justo sobre todo por la calidad del agua, que no nada más soy yo es toda la ciudadanía", dijo Dolores.

 

Aseguró que tampoco le respetaron el descuento por ser adulto mayor y que, por el contrario, le cobraron cuota comercial por tener una pequeña oficina en la planta baja de su casa.

Así como la historia de Dolores existen más de 3 mil denuncias que ciudadanos interpusieron a Grupo MAS por la mala calidad del agua, cortes ilegales y arbitrariedades.

 

 

A esta lista se le suman las promesas que hizo la empresa en obras e infraestructura hidráulica que se comprometió a hacer, para que le otorgarán la concesión.

Luego de la concesión, se creó la asociación del Movimiento Civil Independiente (Moci) la cual busca apoyar y respaldar a los ciudadanos mediante quejas y demandas interpuestas ante Grupo MAS.

 

"Nos queda claro que en esos cinco años que ha estado trabajando Grupo MAS a incumplido con la concesión, ellos dijeron que iban a dar una inversión de 10 mil millones de pesos lo cual no ha llegado ni a los 500 millones, no están trabajando todas las platas de tratamiento como debería de ser, no se está potabilizando el agua, hay fraccionamientos y colonias que carecen de agua por horas", aseguró Oliver Olmos Cabrera presidente del MOCI.

 

Hace un año integrantes del MOCI expusieron 44 razones por los cuales se podría retirar la concesión vista desde la parte jurídica.

 

 

En aquellos puntos exponían las irregularidades con las que se había llevado a cabo la concesión, así como, pruebas de los aumentos de las tarifas y cuotas por el servicio, asegurando que se autorizó un incremento del 29.90 por ciento tarifario.

Esto fue aumentando con el paso de los años, pues cada año incrementa 7.475 por ciento de los años 2017 al 2020 a todas las tarifas, actualmente se cobra 59.80 por ciento más que cuando estaba la empresa SAS, según la tabla de tarifa publicada en la Gaceta Oficial del Estado bajo el número 514.

Lo que violenta el artículo 104 de la Ley 21 del Agua de Estado, pues dice que solo se puede cobrar por metro cúbico y no por cuota fija.

 

"Nosotros seguimos empujando, seguimos metiendo presión social quejas en Profeco, tenemos una demanda en el Administrativo Contencioso por la anualidad de la concesión, mesas de trabajo en el Congreso del Estado", aseguró Oliver Olmos Cabrera.

 

 

IMA Y GRUPO MAS PRESENTAN IRREGULARIDADES ANTE EL ORFIS

Desde el 2016 el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) en la Cuenta Pública de ese mismo año detectó distintas anomalías e incumplimientos al Grupo MAS, la primera es que la empresa no podría contratar créditos para liquidar los pasivos laborales y comerciales.

 

"A fin de poder llevar a cabo la obtención de financiamiento de los pasivos por parte de la Concesionaria, se contrapone a lo señalado en el Título de Concesión, originalmente otorgado al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A.P.I. de C.V., mediante Acuerdo de fecha 20 de agosto de 2015", señala el documento de la Cuenta Pública 2016.

 

 

Esto hacía responsable al SAS de pagar estos pasivos laborales por medio de un financiamiento contratado por la misma empresa, en el 2016 se propuso modificar el título original, donde hacían responsable a la concesionaria para contraer este préstamo.

A cambio esta no tendría la obligación de efectuar el pago de las mensualidades establecidas en el Título de Concesión hasta que el financiamiento se pagara en su totalidad. 

Derivado de eso el Orfis señaló como no solventada la primera observación que realizó a Grupo MAS, en el auditoria también revela que esta empresa prometió solvencia económica, el valor de la inversión sería de 7 mil millones 747 pesos.

 

 

En los primeros tres años la inversión sería de dos mil millones de pesos,  además, las bases de licitación pública internacional, se estableció que la empresa debería aportar 260 millones de pesos en garantía en la licitación.

Sin embargo, el Orfis señaló que al solicitar la Concesionaria un financiamiento para cubrir los Pasivos Laborales, la empresa denotaba una falta de solvencia económica.

Actualmente la nueva Cuenta Pública 2019 detectó otras irregularidades esta vez para el Instituto Metropolitano del Agua (IMA), quien es un organismo descentralizado que fue creado en el 2016 encargado de regular la concesión que tiene el Grupo MAS.

De acuerdo con el Orfis, el IMA no cumple con su función de supervisar ni siquiera pudo lograr el desarrollo y crecimiento de infraestructura.

También registró pagos irregulares y ocultó información financiera. A esto se le suma su mala vigilancia desperdiciaron 52 millones 320 mil 842 pesos en total, así como, se encuentra de constituido de forma irregular entre los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo.

El documento señala que Grupo MAS operó sin certificación de la Secretaría de Salud y cometió diversas irregularidades permitidas por el IMA.

Ante todas estas observaciones este martes 21 de septiembre la titular del Orfis, Delia González Cobos señaló que Grupo MAS podría perder la concesión debido a estos problemas.

 

 

Al igual que mencionó que tanto Grupo MAS como el IMA obtuvieron pésimos resultados que el órgano fiscalizador plasmó en el Informe de la Auditoría Integral realizado a instrucción de la LXV Legislatura.

Se contactaron a representantes del Grupo MAS y del Instituto Metropolitano del Agua (IMA), para que expusieran su punto de vista, pero no fue posible concordar una entrevista antes de la realización del texto, aunque prometieron atender la solicitud en los próximos días.