La Fiscalía General de Veracruz habría revictimizado a Diana “N”, presa por homicidio, luego de difundir un comunicado en el que se le señala como presunta responsable de la muerte de su bebé al “dar a luz” en baños de un centro comercial en el municipio de Oluta.

Integrantes de la sociedad civil organizada dentro del Sistema Estatal para Prevenir Atender Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, criticaron que el organismo autónomo haya difundido un comunicado sobre este caso que sigue en proceso de investigación, considerando que el organismo actuó de forma “misógina” y “sin perspectiva de género”.

Y es que el boletín, difundido por la fiscalía general del Estado el 28 de junio de 2021, establece que la mujer probablemente privó de la vida al recién nacido pues de acuerdo con el dictamen de los Servicios Periciales el producto murió “por anoxia por sofocación al encontrarse en un bote de basura en posición decúbito ventral”.

La Fiscalía justificó la detención informando que estas pruebas constan en la Carpeta de Investigación UIPJ/DXX/F1/165/2021, añadiendo que, entre otras acciones que realizó, Diana nunca solicitó ayuda a pesar de estar en condiciones de llamar la atención “y se retiró sin decir nada a quien pretendió auxiliarla a bordo de un taxi; lo cual fue corroborado en la audiencia oral respectiva”.

“Cuidando los derechos de la probable responsable de haber privado de la vida a su propio bebé, se seguirá el proceso judicial a fin de que quede aclarado tan lamentable hecho”, concluye el comunicado.

Sobre este caso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como su similar en el Estado, solicitaron la liberación de Diana “N” y que el Gobierno de Veracruz derogue las leyes que impiden la Interrupción Legal del Embarazo.

A este llamado se sumaron colectivos, organizaciones civiles y activistas en contra de la violencia hacia la mujer, quienes mediante su pronunciamiento señalaron que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) decretó una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado ante este tipo de hechos.

En su mensaje señalan una falta de perspectiva de género en el proceder del organismo, manifestándose en contra de dicha información difundida a través de sus cuentas oficiales y acusando que no tenía la “mínima ética ni respeto jurídico” porque revictimiza a la detenida.

Sobre el caso consignaron que existen versiones de Diana y de sus familiares en el sentido de que el aborto fue espontáneo y producto de la violencia doméstica sufrida por su pareja sentimental.

“La acción de la Fiscalía no solo demuestra la falta de sensibilidad y capacitación en el tratamiento de los casos que ameritan perspectiva de género, sino que significan una grave falta institucional al generar opinión tendenciosa estigmatizando a las mujeres que abortan, haciendo juicios previos, culpabilizándola de los hechos sin que haya concluido la investigación, con una intención misógina violando el debido proceso a sus garantías judiciales y sus derechos humanos fundamentales”, señalaron las activistas

El pronunciamiento refiere que la Alerta de Violencia de Género concluye que el Estado obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la Interrupción Legal del Embarazo, y la insuficiente e inadecuada prestación integral de los servicios de salud sexual y salud reproductiva, exponiendo que en 2017 hubo 10 mujeres veracruzanas que fueron procesadas por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco, la misma estrategia legal para mantener en prisión a Diana "N".

Piden nueva titular en el IVM

El pronunciamiento dirigido al Gobernador Cuitláhuac García, así como a la fiscal Verónica Hernández Giadáns y al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, también refirió que el 25 de enero de 2018 el mandatario hizo público el programa Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, comprometiéndose a que fuera el eje rector de su gobierno: “lo que no ha sucedido hasta ahora”.

En ese sentido también critica el incumplimiento en la designación de la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres “y la opacidad que ha existido desde hace dos años en el manejo del Instituto”.

Las activistas criticaron la tardanza de la administración estatal para designar a una nueva titular en el Instituto, aseverando que existen irregularidades administrativas así como despidos injustificados y falta de transparencia en esta dependencia de la SEGOB.

Los firmantes afirman que la gestión de Rocío Villafuerte Martínez como encargada del IVM, ha estado plagada de irregularidades y añaden que los Consejos Consultivo y Social del IVM entregaron la convocatoria para elegir a la nueva directora, que debió ser publicada por la SEGOB de forma inmediata.

“Han pasado dos años y no se ha cumplido con la Ley 613 por lo que seguimos sin directora y sin una estrategia real para atender la violencia de género en Veracruz”.