Liberar a Diana, presa por sufrir un aborto espontáneo en un centro comercial, así como permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), son 2 demandas directas de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos dirigidas a la fiscalía general del Estado y al Gobierno de Veracruz.

A partir de este caso ambos organismos requirieron a las autoridades del Estado “no criminalizar a las mujeres y respetar sus Derechos Sexuales y Reproductivos”.

Cabe señalar que apenas el pasado 28 de junio la fiscalía general del Estado (FGE) informó que el día 3 de ese mes, de acuerdo a los hechos e indicios que constan en la Carpeta de Investigación UIPJ/DXX/F1/165/2021, Diana habría cometido la privación de la vida de su hijo recién nacido.

Según la Fiscalía la mujer dio a luz vivo en el baño de un centro comercial y personal de Servicios Periciales determinó que el bebé nació vivo y fue privado de la vida por anoxia por sofocación, “al encontrarse en un bote de basura en posición decúbito ventral”.

“Después de la revisión de evidencias y estudios periciales del caso, la madre de la víctima, fue identificada como la persona que cometió el hecho pues entre otras acciones que realizó nunca solicitó ayuda a pesar de estar en condiciones de llamar la atención y se retiró sin decir nada a quien pretendió auxiliarla a bordo de un taxi; lo cual fue corroborado en la audiencia oral respectiva.

“Cuidando los derechos de la probable responsable de haber privado de la vida a su propio bebé, se seguirá el proceso judicial a fin de que quede aclarado tan lamentable hecho”, informó el organismo bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns en torno a este caso.

Sin embargo, ahora la CNDH de Rosario Piedra Ibarra, junto con su similar estatal presidido por Namiko Matzumoto Benítez, exhortaron al Gobierno de Veracruz y a la fiscalía la liberación de la mujer y, a la par, urgieron a derogar leyes estatales que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas “que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios”.

Los organismos determinaron que la mujer, encarcelada desde el pasado 29 de mayo en el Centro de Reinserción Social de Acayucan, enfrenta un juicio por homicidio “tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo”.

Mediante un comunicado las comisiones sostienen que la privación de la libertad obedece a factores que son producto de una violencia sistemática que ponía en peligro la vida, la salud, el estado psicológico y mental, así como la dignidad y derecho a una vida libre de violencia” de Diana.

Argumentan que la acusación por homicidio hacia esta mujer denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada y provoca la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpen de forma legal o espontánea.

Ambos organismos consideraron que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que abortan se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“(…) como es el caso del estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres”.

Además, tanto la CNDH como la CEDH recomendaron al Poder Judicial aplicar los principios de interpretación conforme y pro persona en todos los casos relacionados con el delito de aborto que se encuentren bajo su conocimiento, además de garantizar que los expedientes y carpetas de investigación se indaguen y resuelvan con la debida diligencia, perspectiva de género y en un plazo razonable.

Señalan que México ha recibido recomendaciones generales de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación (CEDAW), para "derogar disposiciones que penalizan el aborto, así como acelerar la armonización de las leyes y protocolos federales y estatales para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de salud posteriores al aborto".

En ese sentido, exhortaron al Estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permitan el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios, pronunciándose por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencias y estigmas.

Tras la detención de Diana, familiares como su madre María Leticia Araisa Hernández señaló que no contaban con dinero para contratar a un abogado cuando su hija fue detenida

Además, circularon versiones de que la detenida tuvo un aborto espontáneo luego de ser golpeada por su pareja, quien habría huido con otro de sus hijos de 2 años luego de lo ocurrido.

Luego de la vinculación a proceso de Diana, se reportó que la investigación complementaria del caso concluirá en diciembre, de ahí que permanecerá con prisión preventiva hasta entonces.

En Veracruz el Código Penal, en su artículo 149, establece que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas; además, el artículo 159 determina que la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud.

“A la persona que haga abortar a las mujeres con su consentimiento, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de hasta setenta días y cinco días de salario”.