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Exigen justicia por campesinos; Fiscalía los liga a 11 homicidios
Habitantes de Nanchital se manifestaron en Xalapa acusando a la Fiscalía General del Estado (FGE) de perpetrar detenciones arbitrarias en contra de 11 campesinos.
Señalaron que sin órdenes de aprehensión ni de cateo detuvieron a sus familiares en sus domicilios durante la madrugada del 24 de enero, acusándolos falsamente del delito de ultrajes a la autoridad.
Los detenidos fueron vinculados a proceso y el juez de control concedió a la Fiscalía un mes de investigación complementaria, plazo que ya terminó, pero el organismo impidió su liberación y ahora busca proceder por el delito de homicidio.
Cabe señalar que la madrugada del pasado 18 de enero un grupo de 12 hombres fue asesinados a balazos y encontrado en un camino de terracería en el Municipio de Las Choapas.
Las víctimas fueron halladas con las manos atadas y huellas cerca del poblado El Amate, en la limítrofe con Tabasco. De manera preliminar, medios de comunicación reportaron que en la localidad del Cerro de Nanchital ocurrió un enfrentamiento entre presuntos grupos de autodefensas.
El abogado Salvador García, defensor de los detenidos, exigió una mesa de dialogo con el Gobernador, Cuitláhuac García, afirmando que se trata de un caso de abuso de autoridad por parte de la Fiscalía que está siendo solapado por el Poder Judicial.
“No sabemos las razones por las que estas personas fueron detenidas; simplemente las detuvieron entre 5 y 6 de la mañana y posteriormente los relaciona con el delito de ultrajes a la autoridad. Son vinculados por ese mismo delito las 11 personas (…).
“Fueron vinculados el 1 de febrero, se establecieron 30 días para la investigación complementaria que ya se venció; la Fiscalía no ha formulado su acusación y nos han estado obstaculizando el trámite para que la causa penal lleve su curso”, señaló.
Reconoció que tramitó un amparo, pero les fue negado debido a que la Fiscalía solicitó un término de 15 días para checar los antecedentes de los detenidos y sus registros y ahora se les informó que procederán en contra de sus clientes por el delito de homicidio.
“Ahora ya tenemos conocimiento que fueron obsequiadas en su contra, por el juez de control Mario Vivanco Castelo, órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Esos homicidios, tenemos conocimiento que son derivado de los 11 cuerpos encontrados el día 17 de enero del presente año en la misma zona del Cerro de Nanchital”.
Añadió que se desconoce la problemática que se suscitó el día 17 de enero en esta localidad y reiteró que la Fiscalía no tiene elementos de prueba en contra de los implicados.
“Nosotros únicamente nos enfocamos a las detenciones que fueron el día 24 de 11 personas que no tienen nada que ver y no obstante que la Fiscalía y el Gobierno del Estado han hecho desplegados, el mismo Gobernador, en donde dicen que estas 11 personas están relacionadas, realmente no hay datos de prueba que así lo refieran.
“Lo que sí existen son violaciones a sus Derechos fundamentales desde que las personas fueron detenidas estas personas en sus domicilios, sin contar las autoridades con órdenes de aprehensión, mucho menos de cateo, que ahora con el nuevo sistema de justicia es la obligación de los propios policiacos contar con órdenes de aprehensión y órdenes de cateo. Se metieron, se los llevaron, los torturaron y ahora están detenidos”, acusó.
El abogado refirió que hasta la fecha no se han cumplimentado las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio porque se tramitaron recursos de amparo y derivado de esto las personas siguen detenidas injustamente
“El objeto fue detenerlos por un delito no grave para después relacionarlos en un delito grave (…).
“Ellos son campesinos, se dedican al campo, algunos son ganaderos y son padres de familia; es gente trabajadora, no es gente que tenga antecedentes previos u otro tipo de problemas, es gente del campo”, agregó.
Por esta razón pidió la liberación de Bonifacio “N”; Fredy “N”; Mario “N”; Hugo “N”; José Rodolfo “N”; Esteban “N”; Rodolfo “N” y Juan “N”, quienes tienen prisión preventiva en 6 diferentes penales del Estado con el objetivo de dificultar su defensa.