Un desayuno en conocido café de Xalapa entre el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y el entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hoy magistrado en retiro Edel Humberto Álvarez Peña, exhibió no solo una cercanía del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, sino un posible pacto de impunidad denunciado por la ahora expresidenta del Tribunal Superior de Justicia Sofía Martínez Huerta.

En una querella formulada ante la Fiscalía General del Estado, Martínez Huerta acusó la existencia de acuerdos del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Secretario de Gobierno Eric Cisneros con Edel Álvarez Peña para no investigar las irregularidades administrativas durante la gestión de este último dentro del TSJ.

Con este pacto a favor de Álvarez Peña, el Gobierno del Estado no investigaría las irregularidades detectadas en la licitación, resolución y asignación de contratos para la construcción y mantenimiento de Ciudades Judiciales en el estado de Veracruz.

En su acusación, la magistrada sostiene que a cambio Álvarez Peña no buscó su ratificación como presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, lo que le hubiese permitido continuar en el cargo hasta cumplir los 70 años de edad, cuando se le aplicaría el retiro forzoso.

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ABRUPTA REVOCACIÓN 

La propia expresidenta Sofía Martínez Huerta denunció ante la Fiscalía General del Estado al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por los presuntos delitos de amenazas, coacción y abuso de autoridad. 

Sofía Martínez refiere que un día después de ser nombrada presidenta del Tribunal, el gobernador Cuitláhuac García la convocó a una reunión con el secretario de Gobierno, donde se le notificó que a cambio de dejar la Presidencia, prometieron al entonces presidente Edel Humberto Álvarez Peña “no hacer cacería de brujas”. 

“Manifestaron que Cisneros Burgos había llevado a cabo acuerdos con el entonces Presidente del Tribunal Superior de justicia Edel Álvarez Peña, ello para efectos de que dejara la presidencia y que por lo tanto dentro de los compromisos alcanzados por la administración actual del gobierno del estado, no se realizaría cacería de brujas o investigación alguna sobre los actos realizados por Álvarez Peña y sus colaboradores en el desempeño de sus funciones en el Poder Judicial, lo que incluye los procesos de autorización, contratación y ejecución de obra de las llamadas ciudades judiciales”.

De acuerdo con Martínez Huerta, un día antes de su remoción a manos del Consejo de la Judicatura de Veracruz, misma que tuvo lugar el pasado 23 de octubre, magistrados del Tribunal Superior de Justicia se reunieron el 22 de octubre con el Coordinador de la Junta de Coordinación Política Juan Javier Gómez Cazarín.

Con fotografías para sustentar la querella, Sofía Martínez denunció la asistencia de los togados Claudia Reséndiz Aguilar, Esteban Martínez Vázquez, Sergio Jiménez Maraboto, Isabel Inés Romero Cruz, Roberto Armando Martínez Sánchez, María Concepción Flores Saviaga y Bertha Inés Chávez Méndez a la reunión con el coordinador de la mayoría de Morena en la LXV Legislatura.

Sofía Martínez igual refirió que el  Magistrado Esteban Martínez Vázquez le informó a un colaborador que el motivo de la reunión consistía en su destitución del cargo por instrucciones del gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

“(...) pues estaba causando afectaciones a sus intereses. Posteriormente, siendo aproximadamente las ocho del a noche me llamó al celular el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos para que acudiera a su oficina al día siguiente en punto de las 12 horas”, señala su denuncia.  

Además, el 24 de noviembre el abogado Tomás Mundo Arriasa denunció que los proyectos de Ciudades Judiciales se ejecutaron sin un dictamen técnico de por medio, además, las obras reportaron un sobrecosto por encima de lo proyectado. 

El postulante afirmó que con la designación de Sofía Martínez Huerta en la presidencia, esta última suspendió los pagos mensuales de 17 millones de pesos a un conglomerado de empresas ejecutoras de la conservación y el mantenimiento.

Los proyectos de Ciudades Judiciales se convocaron, licitaron y comenzaron su construcción durante el ejercicio de Edel Humberto Álvarez Peña en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, de 2016 a 2019, y actualmente en retiro.

Por dicha razón la denuncia de Tomás Mundo incluye al expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Humberto Álvarez Peña, a la magistrada en retiro Irma Dinorah Guevara Trujillo, además de los magistrados en funciones Andrés Cruz Ibarra y Pedro Luis Juan Clemente Reyes Marín; además de la Consejera de la Judicatura Carla Rodríguez González, y Esmeralda Ixtla Domínguez, quien se desempeñó como Secretaría Interina.

En el caso de Edel Álvarez, este concluyó su gestión al frente del Poder Judicial del Estado el 3 de diciembre de 2019. Posteriormente 7 de julio de 2020 el Congreso del Estado aprobó un decreto para no ratificar su cargo y el de los magistrados Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, Fernando Charleston Salinas, y Víctor Manuel César Rincón.

Actualmente permanece en el retiro y alejado de la vida pública. A pesar de que han habido en su contra, el extogado no ha dado ningún posicionamiento al respecto.

GASTOS EXCESIVOS

En entrevista con E-Consulta Veracruz, Tomás Mundo Arriasa explicó que con los documentos en la mano de las auditorías a las Ciudades Judiciales, presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por el "rosario de irregularidades e ilegalidades", dijo.

"Hicimos lo que nos correspondía en cuanto a los hechos, de cómo el administrativo de Edel Álvarez se encarga de armar la licitación, compiten cinco empresas y todas son de una misma familia y gana una y esa una invita a las otras cuatro a que se sumen al proyecto".

Mundo Arriasa explicó que estos proyectos se desarrollan por medio de asociaciones público privadas con monto pagaderos de 25 años.

"Cuando empezamos a revisar, los montos aumentan de 5 mil millones a 15 mil millones de pesos, con sobrecostos y demás, y hay una serie de irregularidades y la magistrada se da cuenta y dice 'hasta aquí llego y no pago' y suspende por 10 meses los pagos a la empresa y es cuando empieza el golpeteo y la amenaza directa contra ella del Secretario de Gobierno".

Mundo Arriasa reveló que este día promovió una nueva denuncia, ahora ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de amenazas.

De este modo, él como abogado postulante presentó una ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exdirector de Administración del Consejo de la Judicatura, Humberto Rodríguez Losilla y una más, contra los entonces integrantes del Consejo de la Judicatura durante el ejercicio del Magistrado Edel Álvarez.

Anunció a la vez una tercera denuncia contra los 50 diputados de la 64 Legislatura, y una cuarta contra las empresas participantes en los proyectos de las Ciudades Judiciales.

Esta última implicaría, incluso, la disolución de las ejecutoras de los proyectos de las Ciudades.

Mundo Arriasa admitió que existieron posturas en contra de la formulación de las denuncias ante una presumible falta de imparcialidad de la actual Fiscalía General del Estado; sin embargo recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a la fiscalía a actuar y a los asesores jurídicos, realizar de manera paralela una investigación.

"Aunque el Ejecutivo tiene el control de la fiscalía y el Poder Judicial, le vamos a pedir a un juez de Control y si el juez de control no actúa tendrá que ser responsable de sus actos".

El postulante aseguró que solicitarán medidas de protección para la magistrada Martínez Huerta, en vista del riesgo para su vida.

"Ya pedimos medidas de protección para la magistrada. Si mañana no tenemos acuerdo de nada, vamos a estar presentando un escrito a la Fiscalía y haciéndola responsable de esa omisión".

El litigante recordó que como defensa cuentan con una línea de tiempo, en donde se incluye la petición del expresidente Edel Humberto Álvarez Peña al Secretario de Gobierno para que no procedieran en su contra.

Mundo Arriasa indicó que Sofía Martínez denunció las irregularidades en las contrataciones de las Ciudades Judiciales, porque de una u otra forma le alcanzarían como testigo.

LOS PROYECTOS

Durante el ejercicio de Edel Álvarez Peña, el Poder Judicial integró Asociaciones Público Privadas para la construcción de los nuevos espacios destinados a la administración de justicia.

Esto lo dio a conocer E-Consulta Veracruz por medio de dos reportajes. El primero, "Poder Judicial dio contratos por 849 mdp a empresas ligadas a ‘Panama Papers’" en febrero de 2019 y el segundo "Edel Álvarez en la mira por Ciudades Judiciales asignadas a familia Ruiz", publicado en septiembre de 2019.

En estos, se informó de la contratación de créditos pagaderos a un plazo de nueve mil 132 días con las APP "Desarrolladora CJ I, S.A.P.I. de C.V.", "Desarrollos CJEV III, S.A.P.I. de C.V.", "Compañía Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I. de C.V.", "Compañía Desarrolladora CJEV II, S.A.P.I. de C.V." y "Desarrollos CJEV III, S.A.P.I. de C.V.".

Aparte de la sobrecarga de pasivos, el análisis de la Cuenta Pública 2018 del Poder Judicial reveló el vínculo con proveedoras ligadas al escándalo de 'Panamá Papers' y el beneficio a prestadores sin registro y la falta de expedientes técnicos.

E-Consulta dio a conocer que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) emitió 18 observaciones y 23 recomendaciones al Poder Judicial, y entre las principales, destaca el de asignar contratos por a la denominada “Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I.” vinculada al escándalo de Panamá Papers.

El Orfis advirtió que si bien el Poder Legislativo solo avaló la construcción de 17 ciudades judiciales por medio de la figura de asociación pública privada, el Poder Judicial se "autorizó" 21 proyectos, de los cuales, no existen expedientes técnicos.

Además, el Poder Judicial asignó 12 contratos por 747 millones 221 mil pesos, sin embargo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de la deuda de dicha Soberanía con las APPS aumentó a 849 millones de pesos.

Otra observación del ORFIS radica en la inexistencia del alta de "Empresa Desarrolladora CJEV IV, S.A.P.I" ante el Registro Nacional de Comercio de la Secretaría de Economía.

La investigación de E-Consulta incluye que el Orfis alertó de la integración "express" de las empresas desarrolladoras de las ciudades judiciales. Es el caso de la sociedad "Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV.", con fecha de constitución de 22 de mayo de 2018.

Sin embargo, el fallo de las licitaciones se registró el día 14 de mayo, esto es, 8 días antes de la integración del consorcio conformado por Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.  

En el caso del Poder Judicial, este erigió ciudades judiciales en Poza Rica, Coatzacoalcos, Orizaba, Tuxpan, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tantoyuca, Camerino Z. Mendoza, Pueblo Viejo, Zongolica, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama, Álamo, Papantla, Isla, Choapas, Misantla, Naolinco, Huayacocotla, y en el caso de Boca del Río se determinó cambiarla a Medellín.

No obstante sólo entregó 12 contratos de igual número de obras, lo cual generó las observaciones del ente fiscalizador.

Cabe referir que en el análisis financiero presentado por el Poder Judicial a la 64 Legislatura solo exhibía una solvencia para construir por medio de las APP 17 ciudades judiciales, y el pago a los inversionistas no podía rebasar los 13 millones 217 mil 245 pesos mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Sin embargo la proyección de costos por cada construcción de Ciudades Judiciales varia desde los 50 millones a los 155 millones. 

Es decir, Sofía Martínez heredó una deuda de Edel Humberto Álvarez Peña de mil 155 millones de pesos y con la obligación de un pago de 200 millones de pesos anuales.