Xalapa, Ver. – La familia Ruiz Anitúa, herederos de Valentín Ruiz conocido como el Slim Veracruzano, recibió 12 contratos para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz por 849 millones de pesos.

A Francisco y Javier Ruiz Anitúa los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona a empresas fantasmas que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borge y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.

En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales del Poder Judicial en Veracruz, a cargo del magistrado presidente Edel Álvarez Peña.

El entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, fue el factor común entre los empresarios y el titular del Poder Judicial. La unión Yunes Linares-Ruiz Anitúa es añeja, don Valentín Ruiz apoyó las constantes aspiraciones del panista para llegar a la Gubernatura. Ya durante el bienio en el que estuvo al frente del Ejecutivo, el mandatario amplió concesiones y contrató servicios de sus empresas con el Estado, entre ellas “Aerotaxis Tucán SA. de C.V. ”, que forma parte del Consorcio Intra, otra Sociedad de los Ruiz.

Su alianza con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia también es vieja, data de la época en la que Yunes Linares militaba en el PRI. En la actualidad Álvarez Peña facilitó una "limpia" en dicha soberanía, al apoyar una reforma legal a la Constitución, a través de la bancada panista en el Congreso local, lo que dejó 13 magistraturas vacantes-que siguen sin ser ocupadas-, al jubilar a los togados mayores de 75 años.

[relativa1]

Irregularidades en la asignación de contratos

La concesión de las ciudades es irregular y podría alcanzar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez. Licitó la construcción de 20 inmuebles, cuando el Congreso local solo autorizó la edificación -a través de una Asociación Público Privada-, para 17 distritos judiciales.

A la fecha, según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial; sin embargo, su acta constitutiva como sociedad mercantil, proyectaba la cimentación de solo cinco.

Los contratos, la autorización y el número de obras asignadas no coincide en número, en cambio todo fue aprobado para la sociedad de los Ruiz Anitúa y entregado en un plazo de apenas 33 días.

Datos del Registro Público de Comercio establecen que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV., se formalizó el 22 de mayo del año 2018 ante el Notario Público, Rafael de la Huerta Manjarrez.

La sociedad mercantil se integra por las empresas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

El fallo de las licitaciones públicas nacionales de las ciudades judiciales, con número: P/COP/PJE/CJ/SRM/01/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/02/2018; LP/COP/PJE/CJ/SRM/03/2018 y LP/COP/PJE/CJ/SRM/04/2018, se dio a conocer el 14 de mayo del 2018, ocho días antes de que las empresas registraron la sociedad mercantil.

La constitución del nuevo consorcio quedó registrada con el número 2018001132590018, ahí establece que la APP obtendría el contrato marco que comprende la celebración de cinco contratos individuales de Asociación Público-Privada para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de igual número de centros de impartición de justicia del Poder Judicial.

El documento consultado por E-Consulta Veracruz detalla que Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón García, Secretario; Alfonso Díaz de Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.

Registro Público by on Scribd

Poder Judicial contrajo deuda de 849 mdp para beneficiar a los Ruiz

En el año 2018 el Poder Judicial del Estado de Veracruz, se sumó a la lista de poderes del Estado que ha generado deuda pública por 849 millones 182 mil pesos.

Al igual que el Ejecutivo, dicha soberanía comprometió ingresos por casi tres décadas -hasta el año 2046- para edificar las llamadas ciudades judiciales, infraestructura necesaria para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

El 27 de diciembre del 2017, la mayoría panista de la 64 Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen que autorizaba al Poder Judicial a convocar y contratar, a través de una Asociación Público Privada la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 ciudades judiciales.

La infraestructura se programó para las ciudades de Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.

[relativa2]

En poco más de un mes les asignan los contratos millonarios

La información del Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirma la aprobación de 12 contratos con la Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV.

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2018, poco más de 30 días, se estipularon las condiciones de contratación del consorcio, que recibió pagos que van desde los 50 millones 976 mil 502 pesos, hasta los 155 millones 992 mil 70 pesos.

El plazo pactado de la APP es de 300 meses, la fecha de vencimiento de los contratos son los años 2043 y 2046; en más de dos décadas se tendrá que pagar por la construcción y el mantenimiento de la infraestructura.

REGISTRO DEUDA by on Scribd

E-Consulta Veracruz se comunicó con Iresine Calzada, encargada del área de comunicación social del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de concretar una entrevista con el Magistrado Presidente, Edel Álvarez Peña para conocer su postura sobre el trabajo de investigación, pero la funcionaria judicial confirmó que estaba fuera.

Recomendó acudir a la próxima sesión del Consejo de la Judicatura para cuestionar al magistrado sobre la asignación de los contratos a la familia Ruiz Anitúa.

Los integrantes del consejo se reúnen con regularidad los días martes, sin embargo, comentó que aún no les confirman si se citará el próximo 26 de febrero; o si los integrantes del órgano colegiado serán convocados hasta el mes de marzo.

Diputados de Yunes aprueban la creación de APP’s

Los diputados locales aprobaron en el 2017 que las Ciudades Judiciales incluirían centros de impartición de justicia, juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.

El monto mensual de las obligaciones, según el dictamen, no podrá superar el pago mensual de los 13 millones 217 mil 245 pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto final supera los 5 mil millones de pesos.

El 14 de mayo del 2018 el Poder Judicial emitió el boletín número 64, en el que se dio a conocer la notificación del fallo de los concursos para la construcción de 20 Ciudades Judiciales, pese a que el Congreso solo validó 17.

Se edificarán en los municipios de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Martínez de la Torre, Ciudad Mendoza, Coatzacoalcos, Tuxpan, Pueblo Viejo, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Boca del Rio, Ozuluama, Álamo, Papantla, Misantla, Isla y Las Choapas.

Gaceta by on Scribd

Panama Papers, escándalo internacional

Las ligas de los empresarios veracruzanos han sido motivo de polémica en medios nacionales. En el 2017, durante el escándalo que englobó a empresarios, jefes de estado, políticos y artistas de 76 países, se mencionó que el Consorcio Intra, utilizó el despacho panameño Mossack Fonseca para armar estructuras offshore en paraísos fiscales; por lo que la familia Ruiz se vinculó al Panama Papers.

Se expuso el mecanismo administrativo que Valentín Manuel Ruiz Ortiz y sus cuatro hijos: Valentín Manuel, Javier Antonio, Francisco José y María Esther Ruiz Anitúa, quienes usaron firmas como Lapka Services Corp.; Vajamara Company; Merino Company; Cavalry properties inc, y al banco Santander Private Banking para lavar su dinero.

Las acusaciones de corrupción alcanzaron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, cuando se relacionó a su gobierno con los Ruiz, que además de ser proveedores de su administración por el Consorcio Intra, le rentaron una aeronave de la empresa “Aerotaxis Tucán SA. de C.V.”, para su transporte oficial.

El servicio que le brindaron fue a crédito, Yunes Linares pagó meses después la factura, documento que se hizo público en diversos medios locales. El entonces gobernador se negó a abonar a la polémica y evadió responder las acusaciones.

Asimismo, la empresa Intrabienestar S.A. de C.V., también del Consorcio Intra, se encontraba en la lista oficial de proveedores del gobierno estatal, y compitió por licitaciones para ofrecer sus servicios púbicos al Estado.

En 2012 se hizo público el padrón de Procampo, de la Secretaría de Agricultura, en la que los hermanos Francisco y Javier Antonio aparecían como beneficiarios de programas federales. Una solicitud de transparencia reveló que recibían el apoyo desde el año 2003 para la compra de ganado.

Los vinculan a empresas fantasmas

En febrero del 2017, el empresario quintanarroense, Carlos Mimenza, denunció al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por la creación de empresas fantasmas operadas bajo el mismo esquema de corrupción que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Borges desvío recursos federales a través de obras inexistentes o para la contratación de servicios que no se acreditaron; las empresas que se crearon para ese fin son: Construcciones y Desarrollos Padrín, Grupo Desarrollador Rumega, Comercializadora Edme y Playa Rent del Caribe.

El empresario vinculó a los Ruiz con la empresa Grupo Desarrollador Rumega. Los veracruzanos recibieron contratos por 80 millones de pesos, sin licitar, a pesar de que tenían solo tres empleados registrados, y que la dirección legal de su firma era una casa abandonada en Chetumal.

Yunes-Ruiz refrendan amistad por 30 años

Los jóvenes Anitúa también mantienen una buena relación con el panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien a solo siete meses de asumir la administración pública decidió beneficiar a la familia al ampliar la concesión de la caseta de Peaje de Cardel-Veracruz por tres décadas.

Yunes Linares utilizó su mayoría en la 64 legislatura para ampliar por 30 años más la autorización a la empresa Concesiones y Promociones Malibrán, SA de CV, para operar el Libramiento de Plan del Río.

La empresa ya contaba con una concesión por tres décadas que vence en el año 2033, por lo que a partir de esa fecha contará con otros 30 años para cobrar el uso de la vía; su plazo vence en el 2063.

A cambio el Estado recibió mil millones de pesos que se entregaron en el presupuesto del año 2018, como contraprestación por ampliar el periodo de la concesión; y jamás se hizo público el beneficio económico de la empresa que debe operar la caseta de peaje, y dar mantenimiento a la red carretera. Todo se aprobó en julio del 2017.

Por su parte su hijo, el entonces alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez entregó el servicio de gestión integral de agua del municipio por un periodo de 30 años a "Compañía de Agua de Boca", consorcio que se creó con capital de la empresa española Acciona Agua (69%), Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V -de la familia Ruiz- (29%), y el ayuntamiento local (2%).

En diciembre de ese mismo año, se anunció que el grupo español Acciona logró el contrato del servicio de gestión integral de agua del municipio de Boca del Río. Cobraran por brindar el servicio por 30 años, a cambio están obligados a invertir 940 millones de dólares.

[relativa3]