Veracruz, Ver.- "Ellos siempre nos decían que lo que a nosotras nos faltaba era un hombre, que por eso éramos unas machorras", relató Montse, quien fue atacada a golpes por cinco de sus vecinos.

Montse narró que venía de su trabajo después de la hora de la comida, pasó a lado de la casa de estas personas y notó que estaban discutiendo, ella no le tomó importancia y siguió su andar, pero cuando la vieron, comenzaron las agresiones verbales hacía ella.

Les pidió que se detuvieran, pero no hicieron caso, hasta que la discusión pasó a los golpes. Los hechos sucedieron en el fraccionamiento Lomas de Río Medio, en la zona norte del municipio de Veracruz, el 15 de enero del 2020.

"Por la espalda casi llegan a darme un golpe, yo lo único que hice fue levantar los brazos para tratar de defenderme", recuerda Montse.

Fueron tres hombres y dos mujeres quienes empezaron a golpearla, su esposa Michel se encontraba dentro de su casa, al escuchar la trifulca salió para ver qué era lo que estaba pasando, fue ahí cuando vio que la estaban atacando.

Salió para defenderla pues tenían a Montse en el suelo, uno de los hombres la estaba sometiendo del cuello ahorcándola con la rodilla, mientras una de las señoras la golpeaba en la cabeza.

Michel también corrió con la misma suerte ya que recibió golpes en el estómago con una macana y en la cara, en tanto que sus familiares ya habían llamado al 911 para alertar a la policía.

POLICÍA DETUVO A LA VÍCTIMA

Después de una hora llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, las víctimas aseguran que el actuar de los policías fue de manera discriminatoria, ya que clasificaron el ataque como disturbios en la vía pública y no como una agresión de género.

Llevaron detenida a Montse y solo uno de sus cinco agresores, más tarde en el penal de Playa Linda la pareja tuvo que pagar una multa de 2 mil 53 pesos para que la dejaran libre, pues no podía quedarse con los golpes que había recibido.

En el certificado médico que le practicaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), arrojó que Montse tenía múltiples contusiones en la cara y cuello, al igual que en la cabeza y rodilla izquierda, así como un esguince de segundo grado. 

AMENAZAS Y AGRESIONES CONSTANTES

Según las víctimas anteriormente ya habían registrado agresiones verbales por sus vecinos, quienes cada que podían las insultaban con mensajes ofensivos y discriminatorios hacía sus preferencias sexuales.

"Ellos ya venían insultándonos desde hace dos años atrás, lo cual nosotros ignorábamos, pues de las palabras no pasaban", aseguró Montse. 

Todo empeoró cuando los acosos empezaron a ser constantes ya que llegaron a seguir a las víctimas y vigilar sus movimientos y el de su familia.

Después de la agresión física tomaron la decisión de cambiarse de residencia, pues tenían miedo a que atacaran a su hija o algún otro integrante de su familia.

Mientras que debido a las lesiones y a las múltiples incapacidades por las secuelas que presentó en la empresa donde laboraba, Montse perdió su trabajo, pues como no fue un accidente laboral no podían cubrir los daños.

"Una vez íbamos pasando por la calle y nos aventaron un cuete y casi le cae a mi hija", dijo Montse.

FISCALÍA NO ATENDIÓ DENUNCIA, INMUVER NO SUPO ACTUAR

Ellas intentaron poner una denuncia ante la Fiscalía de Playa Linda, pero les dijeron que no podían tomar su denuncia, pues el fiscal en turno no se encontraba, aunado a esto la persona que las atendió les dijo que, aunque pusieran la denuncia, no iba a proceder por falta de pruebas.

"Nos dijo que no se podía hacer nada porque teníamos que llevar el vídeo donde se viera la agresión y que para la próxima que nos agredieran que mejor nos dejáramos golpear y que grabáramos, porque si no, no procedía", dijo Michel.

Para el presidente de la Agrupación Jarochos LGBT, Guillermo Izacur Maldonado, el actuar de la Fiscalía representó una negligencia, pues argumenta el activista que dicha dependencia no supo cómo proceder ante el caso y simplemente se deslindó.

Mientras que en el Instituto Municipal de las Mujeres (Inmuver), les comentaron que por discriminación por orientación sexual no sabían cómo proceder con la denuncia, lo único que hicieron fue levantar una queja por violencia de género.

Desde enero que levantaron la denuncia hasta la fecha no han tenido respuesta de ninguna dependencia, pese a que están siguiendo el caso y haciendo llamadas constantes al Inmuver por causas de la pandemia del covid se pausaron los trámites.

Después de lo ocurrido los agresores levantaron una denuncia en contra de ellas, en la misma Fiscalía donde les dijeron que no pudieron proceder legalmente por el ataque.

"Ellos, querían que les pagáramos 12 mil pesos por una indemnización por los daños ocasionados a la esposa del señor que nos agredió, para nosotras eso fue una burla, porque la señora no tenía nada", dijo Michel.

Debido a las contradicciones de los demandantes y la falta de pruebas médicas, la denuncia no procedió.

INCAPACIDAD DE FGE PARA ATENDER DENUNCIAS POR DISCRIMINACIÓN

Los casos de crímenes de odio, discriminación y acoso por preferencia sexual son muy constantes en el estado de Veracruz, comentó la activista y coordinadora estatal del Observatorio Nacional Contra los Crímenes de Odio e integrante de la comunidad LGBTTI Jazz Bustamante.

En el Código Penal del Estado de Veracruz los últimos dos delitos mencionados son catalogados como infracciones menores.

En el artículo 196 se estipula que se impondrá de uno a tres años de prisión, hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad y hasta ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización de multa al que discrimine, provoque o incite al odio o a la violencia por causa de género, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

El único que se considera como delito grave son los crímenes de odio, dependiendo del grado del homicidio es como se castiga al agresor.

La FGE no está preparada para atender estos casos y en la mayoría de las situaciones los peritos, fiscales regionales y los oficiales de primer contacto no sabe cómo actuar ante estos delitos, aseveró Jazz Bustamante.

Aunado a esto la poca asesoría legal que tiene las personas que sufren estos delitos y el desinterés de las víctimas por denunciar.

"Lo que ocurre con estos casos de discriminación es que se han normalizado (...), pero hay que recordar que todos los crímenes de odio empezaron con agresiones verbales", dijo Jazz Bustamante.

En lo que va del 2020 ha registrado 13 homicidios que cumplen todas las características de crímenes de odio, mientras que el observatorio recibió más de 40 quejas de discriminación, la mayoría de estos fueron cometidos por elementos de seguridad pública y transeúntes. 

Mientras tanto Montse y Michel esperaran que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) retome actividades para interponer una queja que permita reabrir el caso y permitir que se haga justicia.