Xalapa, Ver.- El Poder Legislativo de Veracruz inició la búsqueda de un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, tras la remoción definitiva de Jorge Winckler Ortiz el pasado 26 de marzo por parte del pleno.

De igual manera, los diputados emitieron la convocatoria relativa al nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, actualmente, con Alfredo Corona Lizárraga al frente.

La oposición asegura que se tratará de un procedimiento “a modo” para ratificar a la actual fiscal general encargada Verónica Hernández y a Corona Lizárraga, al establecer un nuevo requisito respecto de los exámenes de control de confianza. 

La convocatoria iniciará circulación a partir del viernes 1 de mayo y el citado documento define las fechas para el envío de propuestas y perfiles de los aspirantes.

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El proceso lo llevará a cabo la Comisión de Procuración de Justicia, presidida por el morenista José Manuel Pozos Castro, e integrada por el también diputado de Morena y vocal, Raymundo Andrade y la legisladora del PAN, María Josefina Gamboa, como secretaria.

En ese sentido, la propia Constitución detalla los requisitos para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado y a la vez prevé los tiempos a los cuales debe sujetarse el Congreso.

El artículo 67 de la Constitución sólo exige cinco obligaciones para los interesados: acreditar la ciudadanía mexicana por nacimiento; tener una edad mínima de 30 años cumplidos y contar con título de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años.

Adicionalmente, el aspirante no debe pertenecer al estado eclesiástico o ministrar un culto religioso; además de no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena 

En cuanto a los tiempos, la Constitución refiere que, ante la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso dispondrá de cinco días naturales para emitir la convocatoria dirigida a los ciudadanos.

Una vez emitida la convocatoria este viernes 1 de mayo, inicia la recepción de propuestas en un plazo de diez días naturales, esto es, finalizará el 10 de mayo.

La Constitución especifica que, al cumplirse el citado plazo, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia citará de inmediato a comparecer a las y los ciudadanos inscritos en la contienda, siempre y cuando sí cumplan los requisitos, por un término no mayor de diez días naturales.

Con lo anterior, se prevé que la etapa de entrevistas se desarrolle entre el 11 y el 21 de mayo; y a partir de esta nueva fecha, la Constitución ofrece un plazo de tres días naturales para que la Comisión de Procuración de Justicia presente una terna de tres candidatos.

De los tres candidatos, el pleno del Congreso citará a sesión para someter el dictamen a votación, para lo cual, se requiere del voto de las 2 terceras partes de los legisladores que acudan a la sesión.

"En caso de que ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría de los votos arriba señalada, se realizará una segunda votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la misma mayoría calificada. Si después de las dos rondas previstas ninguno de los candidatos alcanzó el voto requerido, se realizará una tercera votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la mayoría absoluta", contempla la Constitución.

Entre los nuevos puntos de la convocatoria, no requeridos por la Constitución, destaca la obligatoriedad del o la nueva Fiscal para acreditar la certificación en un plazo no mayor a los 30 días después de su nombramiento.

En este caso, la encargada de despacho de la FGE cumplió, presuntamente, en septiembre pasado la acreditación para desempeñar el cargo de titular del ente investigador, aunque a la fecha sus resultados no han sido revelados por el presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe. 

Lo anterior, pese a que la propia Verónica Hernández afirmó que ya habían sido entregados al Congreso y autorizó que se hicieran públicos. 

CON WINCKLER, NI CONVOCATORIA HUBO

En 2016, con el inicio de la LXIV Legislatura del Estado, el Congreso inició la búsqueda de un nuevo titular de la Fiscalía luego de que el 29 de noviembre renunció o pidió licencia, con efectos a partir del 1 de diciembre, el entonces titular Luis Ángel Bravo Contreras.

Sin emitir una convocatoria, la entonces Junta de Coordinación Política, en control del Partido Acción Nacional, emitió un punto de acuerdo en el cual delimitó una lista de 10 candidatos a ocupar la titularidad de la FGE.

La lista se envió al Poder Ejecutivo el 15 de diciembre, y un día después, el 16 de diciembre, el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, envió de vuelta una terna con los nombres de los aspirantes Tania Celina Vázquez Muñoz, Gerardo Rafael Ramos Maldonado y Jorge Winckler Ortiz.

Y en una interpretación distinta a lo dictado por la Constitución, la Comisión de Procuración de Justicia sometió a los tres aspirantes a dos rondas de entrevistas: una, el 23 de diciembre y la segunda, el 26 de diciembre.

Finalmente, el 30 de diciembre de 2016, la 64 Legislatura recibió la protesta de ley de Jorge Winckler Ortiz, con 38 votos a favor, es decir, más de las dos terceras partes requeridas para validar el nombramiento.

El Congreso, con control del Partido Acción Nacional, omitió los pasos de publicación de la convocatoria, la fase de entrevistas y recibió del Ejecutivo los nombres de tres perfiles. 

SE OPONEN A CONTINUIDAD

El coordinador de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional en el Congreso, Omar Guillermo Miranda Romero, explicó que el próximo sábado se instala el II Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de la 64 Legislatura.

Omar Miranda consideró que a la par del requisito de la experiencia, quien sea designado debería de incluir el requisito de no contar con vínculos con la delincuencia.

Por su parte, otros diputados del PAN proyectan un proceso a modo, sin embargo, piden la reserva de sus nombres debido a que este viernes emitirán un posicionamiento oficial. 

Previo a la emisión de la convocatoria, Miranda Romero señaló:

"Que llegue alguien con toda la solvencia moral para realizar su trabajo sin ninguna posibilidad; (...) estaremos solicitando probidad en cuanto no se tenga ni siquiera intención o perspicacia acerca de las cercanías con algunas (personas)", dijo.

Ofreció dar vigilancia y aclaró que el hecho de un parentesco con un presunto delincuente no representa un impedimento real, pero sí un impedimento moral.

Admitió que, por necesidad, no puede haber una ausencia del cargo de fiscal general, de ahí que se hace necesaria la emisión de la convocatoria.

Por su parte el diputado local José Magdaleno Rosales Torres calificó de "sano" la oportunidad de analizar más perfiles de los interesados en el cargo de Fiscal General del Estado (FGE).

Dichas declaraciones se realizaron en contra de la encargada de despacho de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns.

"Por todos esos cuestionamientos que ha tenido la señora, lo sano es que hubiera otra propuesta para que le dé a la institución legitimidad, esa es mi postura", declaró.

Cabe recordar que el 21 de enero, la encargada de despacho aceptó que es prima hermana de "La Jefa", Guadalupe Hernández Hervis, presunta integrante de la célula del "Comandante H", Hernán Martínez Zavaleta, aunque afirma tener 30 años de no verla personalmente. 

EN LA ANTICORRUPCIÓN

El pasado 3 de octubre venció el plazo de ausencia de 30 días previsto por la ley para la ausencia del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Marcos Even Torres Zamudio.

Por lo tanto, el Congreso eligió a José Alfredo Corona Lizárraga como encargado de despacho del ente
Los requisitos para este cargo son los mismos para un Fiscal General.

La designación que realizó la 64 Legislatura igual buscó beneficiar a la propuesta del gobierno en turno.

El 24 de julio de 2018, la LXIV Legislatura designó a Marcos Even Torres Zamudio, y este trámite tuvo la complicación de que no se validó en dos rondas ante la oposición de priistas y morenistas.

En esa sesión, la mayoría del PAN tuvo que recurrir a la votación nominal y no por el sistema electrónico, luego de que MORENA tomó el pleno.

Sin embargo, en la última de tres rondas, tras dos recesos de media hora cada uno, se pudo concretar el nombramiento del fiscal anticorrupción.

Tanto Torres Zamudio como Winckler Ortiz actualmente permanecen en calidad de prófugos de la justicia por el delito de tortura.

COMIENZAN A DESTAPARSE ASPIRANTES 

Horas antes de emitirse la convocatoria para la búsqueda del nuevo abogado del Estado, así como para el titular de la Anticorrupción, a través de redes sociales diversos grupos de abogados y organizaciones jurídicas, empezaron promover a algunos juristas para ocupar el cargo.

Destaca entre estos el exsubprocurador de Justicia tanto en Xalapa, como la zona sur, Ricardo Carrillo Almeida.

La bandera principal que han enarbolado quienes buscan ocupar esos espacios, es que los nombramientos actuales carecen de legalidad, lo que podría ocasionar un daño irreparable a la procuración de justicia, al hacer que los procesos "se caigan" por falta de legitimidad de los encargados de despacho.