Xalapa, Ver.- La 65 legislatura está contra el tiempo para nombrar a un nuevo Fiscal General del Estado, de acuerdo con los plazos establecidos en la Constitución, máxima ley del estado que deben acatar los legisladores locales, se debía emitir la convocatoria para recibir propuesta de potenciales candidatos, cinco días después de que se generó la vacante del cargo, el 26 de marzo.

Según la Carta Magna el proceso de nombramiento llevaría al menos 28 días, por lo que la designación se daría durante el periodo de aislamiento voluntario a consecuencia de la contingencia del coronavirus.

El lunes 30 de marzo, el Consejo de Salubridad Federal acordó ajustar las medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus covid 19, que extiende el periodo de la campaña Quédate en Casa, a partir del 30 de marzo y hasta el 30 de abril.

Durante ese periodo, la 65 Legislatura debería designar un nuevo Fiscal General luego que removieron de manera definitiva a Jorge Winckler el pasado 26 de marzo, cuando con 33 votos determinaron revocar el nombramiento que le dio la 64 legislatura.

Según los plazos establecidos en la Constitución se tienen 28 días naturales, una vez emitida la convocatoria, para ratificar con la votación de las dos terceras partes del Congreso a Verónica Hernández Giadáns, por un periodo de 9 años, o para nombrar a un nuevo titular del órgano autónomo.

El periodo de elección quedó estipulado en noviembre del 2018, cuando el Congreso tenía mayoría panista. La ley contemplaba un proceso legislativo de hasta 50 días a partir de la emisión de la convocatoria, por lo que se acotó el periodo de elección del abogado de los veracruzanos. Además, se excluyó al ejecutivo del proceso.

La Constitución local, establece en su artículo 67 la función, el proceso de nominación y la operación de los órganos autónomos, entre ellos la Fiscalía General del Estado.

En su inciso C establece que el Fiscal General durará en su encargo nueve años. Y será designado y removido por el Congreso del Estado.

Para su nombramiento, se establece que, a partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso contará con cinco días naturales para emitir Convocatoria pública, a los ciudadanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones, para que presenten propuestas a efecto de cubrir la vacante.

La remoción definitiva se validó el pasado 26 de marzo, con la votación de 33 diputados a favor y 12 en contra. Morena sabía que no tenía la votación calificada, por lo que, en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política se determinó que bastaba con la mayoría simple para separarlo del cargo.

Fue ese mismo día cuándo se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, en su número extraordinario 124, el acuerdo por el que se destituía de manera definitiva del cargo a Winckler Ortiz, por lo que a partir del viernes 27 el Congreso está obligado a emitir una convocatoria para la elección del nuevo titular.

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En entrevista reciente, el presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, José Manuel Pozos Castro, explicó que estaban analizando los plazos legales para emitir la convocatoria que llevará al nombramiento del titular de la FGE.

Según la ley, la recepción de propuestas se hará en un plazo de diez días naturales, contado a partir del siguiente a aquel en que se haga pública la convocatoria respectiva. Cumplido dicho plazo, y cerrada la recepción de propuestas, la comisión encargada del ramo citará de inmediato, y por un término no mayor de diez días naturales, a comparecer a las y los ciudadanos que cumplan los requisitos, con objeto de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.

En un plazo de tres días naturales, contados a partir de que haya concluido el periodo de comparecencias de las y los candidatos, la comisión del ramo deberá emitir su dictamen, que contendrá una terna de candidatos, el cual será sometido al Pleno del Congreso del Estado, para que se realice el nombramiento.

El Congreso, con base en la terna propuesta en el dictamen, designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, dentro del improrrogable plazo de cinco días hábiles contados a partir de emitido el dictamen.

En caso de que ninguno de los integrantes de la terna obtenga la mayoría de los votos arriba señalada, se realizará una segunda votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la misma mayoría calificada.

Si después de las dos rondas previstas ninguno de los candidatos alcanzó el voto requerido, se realizará una tercera votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la mayoría absoluta.

El Fiscal General podrá ser removido por el Congreso por las causas graves que establezca la ley, y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que señale la ley.

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Yunes hace renunciar a Luis Ángel Bravo

En enero del 2015 la Fiscalía del Estado dejó de ser parte de la estructura del Gobierno del Estado y se convirtió en un órgano autónomo.

Luis Ángel Bravo Contreras, fue nombrado Fiscal General del Estado el 30 de enero del 2015 por un periodo de 9 años, su nominación la respaldaron 38 diputados del PRI y sus aliados; tras la votación los legisladores del PAN abandonaron la sesión en la que rindió protesta de ley.

El también excomisionado del IVAI, el primero en ser recluido en el penal de Pacho Viejo, renunció a la nominación el 28 de noviembre del 2016, y se hizo efectiva el 1 de diciembre de ese año, fecha en la que rindió protesta como Gobernador del Estado el panista Miguel Ángel Yunes.

Previo a su separación del cargo nombró a Jorge Winckler Ortiz como Fiscal Visitador que, de acuerdo con la ley orgánica, era el responsable de asumir la titularidad de la FGE tras la ausencia o renuncia del titular.

Poco más de un mes después, el 30 de diciembre, la mayoría de los legisladores le dio su voto de confianza. Y tras rendir protesta empezó la cacería contra funcionarios y exfuncionarios duartistas, incluido Luis Ángel Bravo.

El expriista fue internado en el penal de Pacho Viejo acusado de desaparición forzadas, su detención se dio previo al proceso electoral el 17 de junio del 2018, y salió el 22 de mayo del 2019, para llevar su proceso en libertad.

Antes de su detención la Fiscalía emitió la llamada ficha roja, mecanismo que permite a Fiscalías de otros estados y países apoyar en la localización y detención de un presunto delincuente.

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La historia se repite

Desde que el OPLE dio a conocer el virtual triunfo de Morena en las urnas, actores políticos exigieron la renuncia del entonces Fiscal General Jorge Winckler Ortiz, incluso, se iniciaron dos juicios políticos en su contra, sin lograr destituirlo del cargo.

Sin embargo, en septiembre del año pasado, la Diputación Permanente determinó separarlo del cargo de manera provisional, por no contar con los exámenes de control y confianza para ocupar el cargo.

El pasado 26 de marzo, se votó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el que la medida se tornó definitiva, por lo que el Congreso local tendrá que nombrar a un nuevo titular.

Al igual que en el caso de Luis Ángel Bravo, un juez del Poder Judicial giró una orden de aprehensión contra el exabogado de los veracruzanos, quien es considerado un prófugo de la justicia.